Acusación dice que Gonzálvez "desvía responsabilidad" a secretario de Gádor y técnicos de Roquetas

El abogado que ejerce la acusación en el proceso contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, apuntó que durante su declaración hoy ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) el primer edil "ha desviado la responsabilidad" hacia el secretario municipal, técnicos del Consistorio de Roquetas de Mar y un concejal de su equipo de gobierno, al tiempo que ha asegurado que en el "ayuntamiento siempre se han hecho las cosas así", en referencia a la forma en que se adjudicó el contrato para la obra de una nave.

En declaraciones a Europa Press el letrado relató que durante una hora y media, "en la que no ha contestado nunca con un sí o un no", Gonzálvez aseguró ante el juez instructor Miguel Colmenero Menéndez de Luarca que el secretario "nunca le puso pegas" a esa forma de proceder y que cuando lo hizo en el caso que ha derivado finalmente en la imputación por prevaricación, recurrió al presidente provincial del PP y regidor de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien le prestó el servicio de sus técnicos quienes, al parecer, le dieron el visto bueno.

Al explicar el por qué, tal y como resalta el fiscal, se tramitó el contrato de obra "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y "prescindiendo en la adjudicación y pago de lo que fija la normativa", el regidor gadorense afirmó, siempre según la acusación ejercida por el PSOE, que fue el concejal de Urbanismo, Onofre Martínez, quien lo "gestionó verbalmente".

Según explicó a la salida de la sede del Alto Tribunal en Madrid el letrado de la defensa, Jesús María Silva, el alcalde afirmó estar "plenamente convencido" de su inocencia. Resaltó, en esta línea, que el alcalde lleva "23 años trabajando por el bien del Ayuntamiento de Gádor".

El fiscal aprecia indicios de prevaricación en la actuación de Gonzálvez en la adjudicación del contrato de obras de la nave por valor de por valor de 144.837 euros. En concreto, señala que éste se tramitó "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresaba su "reparo".

Interpreta, así, este extremo como una decisión que contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado al tiempo que apunta que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa."CONOCIMIENTO"

Atribuye, en esta línea, a Gonzálvez "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007, "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

La querella, que fue interpuesta por el portavoz del PSOE en el municipio, Francisco Almansa, aportaba documentación de la que dedujo el Ministerio Público que se "inobservaron las más elementales normas de procedimiento" en la construcción de un nave que se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar.

En marzo de 2007, según se detalla en el escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto global que ascendió a 144.837,87 euros. Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a Montajes Metálicos Almería SL —42.233,28 euros—, Lama Estructuras Metálicas SL —44.674,89 euros—- y Acerama SC, a la que dispuso el abono de 57.929,69 euros.

El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formulaba además "reparo" ante el citado decreto, pese a lo cual —ahonda el fiscal— "el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último" de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno de sesión extraordinaria.

Testigos de la acusación

Según lo previsto, el próximo 19 de abril esta citados a declarar ante la Sala Segunda del Supremo, en calidad de testigos de la acusación, el secretario interventor del consistorio, Juan Miguel Fernández Jurado; el ingeniero técnico industrial Francisco Quesada Sánchez; y la representante legal de la empresa Montajes Metálicos Almería SL, María Rosario Cañizares González.

Del mismo modo, el 26 de abril comparecerán ante el juez, también como testigos de la acusación, los representantes legales de las empresas Acerama SC y Lama Estructuras Metálicas SL.

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