En un comunicado, ARCA se hizo eco de las declaraciones efectuadas ayer por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, en las que consideraba absurdo derribar viviendas que ocupan un solar en el que se puede volver a construir. Al respecto, la organización precisó que muchos de estos "solares" fueron calificados como suelo urbano de forma ilegal.

Por lo tanto, afirmó, esta tesis "sólo sirve para arrojar más inseguridad" sobre el marco legal del urbanismo en Cantabria y para "fomentar la política de hechos consumados que han practicado algunos alcaldes frente a las campañas que denunciaban la ilegalidad de sus actuaciones".

ARCA recordó que "buena parte" de los "destrozos urbanísticos" que ha sufrido el litoral de Cantabria se han llevado a cabo a través de recalificaciones ilegales de suelo rústico a suelo urbano, "un modus operandi que ha generado además enormes bolsas de dinero negro y corrupción política", denunció.

Así, señaló, por los mismos motivos que nadie debe obtener beneficios económicos tras la quema de un bosque, ARCA opina que "lo razonable" es impedir que se consoliden derechos urbanísticos sobre parcelas rústicas que fueron recalificadas como urbanas de forma ilegal.

El otro argumento que ARCA no comparte es el de que ejecutar las sentencias costará muchos millones de euros, porque, en su opinión, de este modo se está enviando el mensaje "de que quienes cometan pequeñas infracciones tendrán que pagar por ellas, mientras que cometan grandes infracciones quedarán impunes".

Además ARCA rechazó que los ayuntamientos que no han respetado la ley puedan obtener ventaja frente a los ayuntamientos que sí la han cumplido, y considera "bochornoso" que este argumento sobre el coste de los derribos lo estén utilizando "los mismos alcaldes que dieron las licencias ilegales, cuando lo que tenían que haber hecho a la vista de los graves daños que han causado era dimitir de sus cargos y abandonar la vida pública para siempre".

Por todo ello, ARCA insistió que lo que necesita el urbanismo de Cantabria es "que todo el mundo sepa que aquí las leyes están para cumplirse" y, con relación a las sentencias de derribo, la asociación ecologista reiteró a los ayuntamientos condenados su disposición a sentarse a dialogar sobre cómo ejecutar las sentencias de la forma "menos lesiva para el interés general".