La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, defendió hoy que los gobiernos tienen la "responsabilidad" de hacer salir a las personas que están en prisión "del círculo del delito y propiciar su reinserción" en la sociedad, y aseveró, en este sentido, que "las prisiones no son almacenes de seres humanos sino espacios para la seguridad, escuelas y centros de tratamiento".

Durante su intervención en el acto de constitución en Toledo de la Red Europea de Escuelas de Formación del Personal Penitenciario, al que asistieron representantes de centros de formación de 15 países de la UE e invitados, Gallizo resaltó el papel "complejo" que debe afrontar el personal penitenciario, que además de superar una formación cualificada debe "ser consciente de los problemas de los internos y el engranaje de la organización".

Así, resaltó la obligación de explicar "con realismo y sin demagogia" la tarea de las instituciones penitenciarias, convencida de que la formación "es una de las cosas más preciadas, máxime en un medio como el penitenciario", en el que valoró la capacidad de conseguir un trato individualizado "para que los derechos individuales de todas las personas sean respetados" evitando generalizar los casos.

En un contexto en el que los medios de comunicación "multiplican los comportamientos más negativos de nuestra sociedad, raramente se presta atención a lo que hay detrás de esos comportamientos", se quejó la responsable de Instituciones Penitenciarias, quien también apeló a la acción social para prevenir determinadas conductas y destacó la necesidad de que la sociedad vea "más allá de la pena punitiva".

Nuevo penitenciarismo

Respecto a la constitución de la Red Europea de Escuelas de Formación, no dudo de que es "una fórmula creativa e imaginativa" que mejorará la función del personas penitenciario, y que servirá para sentar las bases para crear un "código ético" del trabajador penitenciario compartido que llevará a "un nuevo penitenciarismo donde el humanismo sea un valor sobresaliente".

Previamente a su intervención en la apertura de la jornada, Mercedes Gallizo consideró el actual como un "momento particularmente interesante" para reflexionar de manera conjunta "cómo podemos mejorar la formación de nuestros profesionales", y trabajar para "mejorar nuestra capacidad de colaborar y desarrollar mejores prácticas".

Reveló que todos los países participantes en este encuentro comparten una "problemática muy similar", donde destaca el incremento de la población reclusa, "producto casi siempre de modificaciones legales, de endurecimiento de penas", lo que hace "que tengamos que trabajar con inteligencia y con sentido de lo práctico para hacer frente a esta situación", algo que "no es demasiado fácil" teniendo en cuenta el momento de crisis económica actual.

Dependencia y enfermedad mental

Preguntada por problemáticas que se dan en las prisiones, como la dependencia a las drogas o la enfermedad mental, Gallizo detalló que "la droga es el factor número uno de la delincuencia en nuestro país, tanto por las personas que consumen como por las personas que trafican" y "en algunos casos se da la doble circunstancia".

Además, "en los últimos años hemos detectado también que la enfermedad mental es una realidad creciente dentro de nuestro sistema", algo que no es exclusivo de España, y que "a veces" está relacionado con el consumo de drogas de última generación".

"La enfermedad mental es previa a la comisión del delito y muchas veces responde a una falta de diagnóstico y tratamiento de estas personas", que "acaban desarrollando actitudes violentas o agresivas y puede llevarles a cometer un delito". A juicio de la responsable de Instituciones Penitenciarias, "el mundo de las prisiones nos dice mucho de lo que nos falta por hacer en la sociedad".

Ocupación muy alta

De otro lado, indicó que la situación de las prisiones de Castilla-La Mancha es "la misma del resto del país", y se caracteriza por una ocupación "muy alta", aunque para ello se está desarrollando "un plan de nuevos centros que nos va a permitir mejorar esa situación" y que la "sobreocupación no provoque problemas de estancia importantes para las personas que están privadas de libertad".

Al acto también asistió el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, que dio la bienvenida a los representantes de los países participantes y defendió la formación y cualificación ética del trabajo penitenciario como una "parte fundamental de las políticas de seguridad de nuestros estados".