El grupo de IU en el Ayuntamiento de Málaga considera que el proyecto de Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano es "innecesaria" y "limita la utilización por parte de los ciudadanos de los espacios públicos". Por ello, ha presentado una serie de enmiendas, entre las que se plantea la ejecución de un plan de inclusión social, el incremento de la plantilla de la Policía Local o habilitar zonas debidamente señalizadas para el esparcimiento de los jóvenes que, de forma responsable y sin molestar a nadie, quieran beber en la calle.

Así, el portavoz municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, opinó que, salvo la promovida por redes mafiosas, la mendicidad "debe quedar fuera de la ordenanza" y, en general, cualquier situación derivada de un fenómeno de exclusión social, que, como tal, "tendría que ser atendida desde los servicios sociales".

También expuso a Europa Press que deben excluirse de la acción sancionadora de la ordenanza "los grafitis de calidad", siempre que no supongan un menoscabo de la protección del patrimonio histórico, artístico, natural y cultural, tanto público como privado, y rechazó que se prohíba poner carteles o pancartas si existe autorización del propietario y no se daña el patrimonio. De igual modo, denunció que "se limita el derecho de reunión de las personas en el espacio público".

El edil propuso la elaboración de un estudio sobre las causas de los conflictos y comportamientos incívicos y la confección posterior de un paquete de medidas preventivas, así como la adopción de iniciativas en materia de seguridad ciudadana.

En este sentido, la coalición plantea elaborar un mapa de puntos negros de la ciudad para conocer las zonas que necesitan una mayor atención en cuanto a su mantenimiento, iluminación, limpieza y otros aspectos, con la intención de evitar su degradación y que se conviertan en lugares conflictivos.

Izquierda Unida defiende también la creación de infraestructuras para su utilización por parte de ciclistas o personas con patines o monopatines, y de zonas debidamente señalizadas para el esparcimiento de los perros y con el instrumental necesario para la recogida de los excrementos.

Según explicó Moreno Brenes, es necesario diseñar un plan de mejora y de ampliación de los espacios públicos, ya que "muchos conflictos se originan por su escasez y por su diseño", y también uno de limpieza, así como ejecutar una campaña de sensibilización y de divulgación de la ordenanza, para lo que se podría colaborar con distintas entidades y asociaciones de la ciudad.

Observatorio para la convivencia

Precisamente, demandó que el Ayuntamiento habilite un protocolo que permita realizar un seguimiento de la aplicación de la ordenanza durante un periodo de un año, creando un observatorio permanente para la convivencia, que, anualmente, informaría a través de los mecanismos de participación ciudadana.

En opinión de Moreno Brenes, esta ordenanza, aprobada de manera inicial por el equipo de gobierno del PP, "es muy limitada y demuestra el fracaso del Partido Popular para atajar los actos incívicos y el vandalismo en la ciudad", al tiempo que criticó que "se genera una inseguridad jurídica, puesto que se deja un amplio margen de discrecionalidad al agente de la autoridad para sancionar, pudiendo llegar, incluso, a la arbitrariedad".

Además, advirtió de que esos comportamientos ya están recogidos en otras normativas vigentes, como es la prohibición de orinar en la calle o la venta ambulante fuera de los mercadillos, además de en el Código Penal.

Moreno Brenes, que lamentó que la ordenanza "puede tener un afán recaudatorio por las elevadas sanciones económicas fijadas", insistió en que "el Ayuntamiento ya tiene instrumentos legales para dar respuesta a conductas irresponsables".

De hecho, se mostró convencido de que aplicar de forma más efectiva las ordenanzas actuales, abrir mecanismos de diálogo con los vecinos afectados, conciliar los distintos usos del espacio público, mejorar la limpieza y reforzar la presencia policial son cuestiones que permitirían dar respuesta ya al vandalismo.

No obstante, como novedad de esta ordenanza se encuentra la posibilidad de que un ciudadano de entre 14 y 25 años que sea sancionado por cometer un acto incívico —orinar o escupir en la calle, tirar colillas o chicles, quemar contenedores, hacer pintadas o botellón en la vía pública— podrá conmutar esa multa por trabajos sociales en beneficio de la comunidad o actividades formativas.