El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, admitió hoy que "no es deseable" que funcionarios que participan en una oposición sean, al mismo tiempo, miembros de un tribunal en algún otro proceso selectivo —situación en la que se encontraban dos jefes de servicio de la Consellería de Facenda que se presentan a pruebas de promoción interna en el grupo A1—, pero insistió en que en "se ajustó a la legalidad".

Durante su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión Institucional del Parlamento, Barreiro defendió que, con el fin de evitar este tipo de situaciones se aprobó una modificación —recibió el visto bueno en el Consello de la Xunta de ayer jueves— en las instrucciones para los tribunales.

"La situación, aunque legal, no es la más deseable", apuntó y explicó que la normativa se aplicará también en las oposiciones de Sanidade y Educación.

El responsable de Función Pública defendió que la renuncia, tanto de los dos jefes de servicio a participar en otro tribunal como del tribunal en pleno que los evaluaba en la prueba de promoción interna, contribuye a "reforzar la imparcialidad y objetividad" del proceso.

Asimismo, explicó que estas decisiones, así como la de modificar las instrucciones, de produjeron como consecuencia de la "alarma social" generada y "vista la presión en la prensa" y el "daño que podía causar" que los vocales continuasen en los órganos evaluadores.

Barreiro replicó a las críticas de la oposición que, durante la anterior legislatura, se registraron "más de 14 casos" en los que personas que optaban a una plaza eran también miembros de un tribunal y señaló que en la actualidad se están desarrollando 33 oposiciones. "IRRESPONSABILIDAD"

"¿Seguro que no tiene nada que contar respecto a los procesos en marcha?", preguntó el diputado del PSdeG, José Manuel Lage. El representante de los socialistas, que volvió a pedir la dimisión de Barreiro, le reprochó su "irresponsabilidad" por tener conocimiento del caso en diciembre y "no haber actuado".

"Es pornográfico venir a decir que se toma una decisión porque aparecieron noticias en los periódicos", criticó el diputado. "Acabamos de saber que las decisiones del Gobierno las toman los medios de comunicación", dijo.

Por su parte, el responsable del área de Función Pública del BNG, Alfredo Suárez Canal, recordó al director xeral que las administraciones públicas tienen "obligatoriedad de custodia" en el desarrollo de las oposiciones, pero desde que el actual equipo asumió las responsabilidades de gobierno "hay multitud de irregularidades".

Este caso, reclamó, "requiere que alguien entone el 'mea culpa' y es punible la actuación política de conocer la anomalía y consentirla".

El representante del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, destacó que "no hubo coincidencia entre personas en el mismo tribunal cuando se hicieron los exámenes; fue posterior". Además, retó a Lage a decir "cuál es la ilegalidad" y concluyó que no podía hacerlo, pues "fue legal".

Sin embargo, socialista y 'popular' coincidieron en la necesidad de reformar la Ley de Función Pública.