Benigno López actúa de esta forma alertado por las informaciones recibidas acerca de las numerosas concentraciones de jóvenes en las zonas universitarias, el valedor precisó a los rectores aclaraciones sobre algunos extremos.
Concretamente, en el caso coruñés hizo referencia la celebración de un botellón en el campus el día del patrón de los aparejadores, que supuestamente congregó a más de 2.000 personas en A Zapateira.
Asimismo, aludió a los presuntos incidentes registrados en la fiesta conocida como 'San Pepe' que, según recogieron diversos periódicos, acabaron con el lanzamiento de objetos e incluso con la invasión de las aulas por parte de jóvenes portando bebidas, indicó el alto comisionado.
En el caso vigués, apuntó el valedor, las aclaraciones requeridas se refieren a dilucidar lo ocurrido en la jornada de fiesta protagonizada por estudiantes en la Praza de Miralles de la universidad, donde se celebró el patrón de Industriales con un botellón a pleno luz del día, pese a la prohibición "expresa" realizada por el ente académico.ACLARACIONES
En ambos casos, el Valedor do Pobo considera que los hechos "reúnen los requisitos formales" y "cobertura constitucional" para promover la correspondiente investigación sumaria e informal. Por todo, se dirigió a los rectores para que faciliten información sobre lo ocurrido en todos estos casos, al tiempo que deseó que aclaren si autorizaron o consintieron de alguna manera las concentraciones y si tomarán medidas en el futuro para impedir nuevas convocatorias.
Según Benigno López, es necesario que los entes académicos aclaren las condiciones en las que se produjeron los incidentes, ya que, de confirmarse todos esos hechos, dos instituciones con vocación docente "nunca deberían alimentar actitudes tan poco cívicas, ni contribuir a fomentar la expansión del botellón más allá de sus recintos habituales".
Esta iniciativa del alto comisionado se suma a las demás investigaciones abiertas en los últimos años por culpa de las molestias que las concentraciones de jóvenes producen entre los vecinos en diferentes municipios gallegos junto con los locales de ocio nocturno, lo que motivó en 2009 la apertura de más de 30 expedientes.
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