Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) exigió hoy la "dimisión inmediata" del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, por la "brutal carga policial" registrada en el barrio valenciano de El Cabanyal-Canyamelar durante la ejecución de los derribos contemplados en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de esta zona de la ciudad de valenciana, según informó la formación de izquierdas en un comunicado.

Asimismo, indicó que la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ha pedido también a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que abra "un expediente informativo" para investigar la "durísima carga policial" que "se está produciéndose en El Cabanyal durante ya dos días".

Sanz consideró que Ricardo Peralta "ha perdido el control de la situación" y señaló que tras lo sucedido en El Cabanyal-Canyamelar el pasado martes, también durante la ejecución de derribos, "es incomprensible que haya permitido que hoy vuelva a ocurrir lo mismo".

Marga Sanz aseveró que EUPV estima "que la Delegación del Gobierno debe dar explicaciones inmediatas del por qué de la contundencia policial, responsable directa de las agresiones a políticos, vecinos y periodistas".

Por su lado, el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis, que esta mañana participó en la concentración celebrada en este barrio para impedir los derribos previstos, condenó también "la actuación de la Policía Nacional".

Sanchis señaló que este cuerpo de seguridad, "de nuevo, ha agredido a los vecinos, a los ciudadanos allí concentrados y a los periodistas que desarrollaban su trabajo". "Esta actuación constata de forma definitiva que la Delegación del Gobierno no hace nada efectivo por hacer cumplir la orden ministerial", emitida por el Ministerio de Cultura que considera expolio el PEPRI y ordena su paralización, indicó, según EUPV.

El coordinador de esta formación en la capital valenciana censuró que la Delegación del Gobierno "no sólo no imposibilita el derribo de los inmuebles, a todas luces ilegal, sino que da orden de cargar contra los manifestantes". Indicó que "todavía restan diez días" para que "la Justicia dictamine sobre la legalidad o no de estos derribos en El Cabanyal".

Tras ello, Amadeu Sanchis sostuvo que "es del todo incomprensible que la Delegación de Gobierno hoy no haya empleado los efectivos para impedir" las demoliciones y que, "por el contrario, haya actuado de vanguardia represiva contra los vecinos".

EUPV destacó que "a primeras horas de esta misma mañana", su coordinadora "se ha puesto en contacto telefónico" con la Subdelegación del Gobierno en Valencia para trasladarle "su petición expresa" de que "haga cumplir la ley", así como para solicitarle que "la Policía no emplee la violencia contra los vecinos y manifestantes" que se oponen a las demoliciones.