El diputado jeltzale Emilio Olabarria explicó que, en la actual Ley de Contratos del Servicio Público, se establece la preferencia en la adjudicación de contratos a empresas que, igualando la oferta de servicios, tenga en su plantilla un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidades. Sin embargo, advirtió que, "en la práctica, estamos viendo que esta obligación es en realidad una quimera".
Tras insistir en que esta "discriminación positiva" está resultando "insuficiente", Olabarria propuso modificar esta Ley de Contratos del Sector Público para que contemple, además, la posibilidad de adjudicación directa, al margen de la cuantía económica de la oferta, a empresas que tengan un alto porcentaje de personas con discapacidad en su plantilla.
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