La moción fue presentada hoy por el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alberto Mortera, quien lamentó que, tras meses de retraso, el proyecto "ha desaparecido de la agenda política asturiana". "No pedimos que las máquinas empiecen a trabajar esta misma semana, sino que el Ejecutivo autonómico diga una fecha porque Oviedo y los asturianos lo necesitan".

Mortera explicó que el proyecto fue anunciado por el presidente autonómico, Vicente Álvarez Areces, durante la apertura del año juidicial, en 2009, quien comprometió además que la construcción de la nueva sede judicial supondría la creación de 500 puestos de trabajo directos.

Por su parte, el concejal socialista Alfredo Carreño consideró que la propuesta "disfraza" la voluntad de esconder realidades poco favorables para el PP y la portavoz del grupo de la oposición, Paloma Sainz, calificó la moción de "chorrada".

Según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en junio del año pasado, la superficie estimada del nuevo edificio judicial asciende a 60.000 metros cuadrados, que se levantarán en una parcela de 15.447 metros cuadrados.

La construcción del nuevo complejo judicial de Oviedo será realizada por la empresa Jovellanos XXI, actual propietaria del solar, mientras el Gobierno adquirirá el complejo judicial durante un periodo de arrendamiento máximo de 30 años. El precio del alquiler está incluido en el montante total de la inversión, que asciende a 176.000.000 euros.

El acuerdo suscrito entre el Gobierno del Principado y la empresa Jovellanos XXI motivó el rechazo de algunas fuerzas políticas, entre ellas, la de los socios de Gobierno, IU-Los Verdes, que en julio de 2009 presentaron una denuncia ante la Secretaría General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea. Entendían que la fórmula adoptada supone un mayor coste y es contraria a la ley de contratación pública, que establece la necesidad de un concurso.