La cumbre se celebrará en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 'Es Baluard' de Palma y consistirá en un encuentro de presientes insulares, encabezado por el balear, Francesc Antich, en el que se reclamarán medidas para mejorar la situación de las islas ante la Comisión Europea, aprovechando la presidencia española de la Unión durante el primer semestre de 2010, según apuntó el director general de Fondos Europeos del Govern, Jaume Garau.
El responsable de este departamento autonómico adherido a la Conselleria de Economía y Hacienda detalló, en declaraciones realizadas a Europa Press, que 14 millones de ciudadanos europeos viven en las islas del territorio comunitario y, "si nos juntásemos todos, somos un colectivo importante", que debería alcanzar un mayor reconocimiento por parte de las autoridades.
Según expuso Garau, la firma del manifiesto es "importante", porque la insularidad está "en parte reconocida y, en parte, no", ya que se dan casos tan divergentes como los de Canarias, que tienen un estatus diferenciado; y los de Chipre y Malta, que a la vez que islas son Estados y, por lo tanto, gozan de la máxima autonomía. Por contra, Baleares se diferencia en que "no se nos reconoce" la misma condición.
Unas circunstancias similares a las que afectan también a Sicilia y Cerdeña, así como algunas islas griegas del Mar Egeo. Mientras que Córcega no tiene reconocida autonomía ni consideración particular de ningún tipo ni por la UE ni por el propio Gobierno francés. Así, respecto al caso balear, se dan diversos tipos de relación con la unión y las autoridades estatales, en los casos en que existen.
De hecho, administrativamente "para Bruselas formamos parte del continente europeo", afirmó Garau, quien consideró que esa consideración no contempla aspectos como los "problemas que tenemos en Baleares para exportar el producto acabado", o bien, los costes que conlleva la formación, ya que muchas carreras importantes se deben estudiar en el resto de España o en el extranjero.
Esos "importantes" costes de la insularidad se reducen cuando se alcanza la consideración de isla, como prueba el hecho de que "en Malta el transporte de productos agrícolas no paga IVA", con lo cual, se produce un "descuento importante" en los costes que conlleva realizar esa actividad. De hecho, cuando se les reconoce esa condición, las comunidades afectadas reciben 35 euros por habitante extra de la UE.
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