La empresa que mantenían, Promociones Inmobiliarias Esquitino, se dedicaba a la venta y alquiler de viviendas, si bien no consta que estuviera inscrita en el registro mercantil como sociedad, ni que tuviera licencia municipal de apertura, ni que presentara declaraciones tributarias por concepto alguna, señala el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, al que tuvo acceso Europa Press.

Asimismo, en cuanto a la situación frente a la Seguridad Social, los procesados modificaban su situación administrativa, pasando de titulares de la empresa a empleados de la misma, como hicieron en el periodo comprendido entre octubre de 2002 a junio de 2006. Todos ellos participaban en la gestión de la inmobiliaria, representación frente a las administraciones, mantenimiento y desarrollo de las actividades del negocio, orientadas, según el relato fiscal, "a la obtención de un lucro ilícito mediante una apariencia de actividades mercantiles profesionales".

Así, so pretexto de gestionar la venta de inmuebles de segunda mano, y haciendo uso en ocasiones de anuncios publicados en prensa escrita y en otras mediante consulta directa de los interesados a la publicidad expuesta en la propia oficina, los procesados lograban la realización de precontratos o documentos de reserva para la posterior adquisición de viviendas. Así, le eran entregados en concepto de señal cantidades que oscilaban entre 2.000 y 3.000 euros, así como otros gastos por comisiones y gestiones adicionales.

Los acusados, y sus empleados, "presionaban" a los potenciales compradores haciéndoles creer, mediante la realización de llamadas entre ellos simulando cambios de última hora, que, de no firmar los documentos de reserva y entregar cantidades a cuenta, "perderían la ocasión de adquirir los pisos que les eran mostrados", según el relato fiscal.

Disponibilidad de las viviendas "simulada"

La disponibilidad de las viviendas era, en los casos denunciados, simulada, pues en ocasiones, habiéndola tenido en algún momento para realizar gestiones de venta, éstas no las habían desarrollado, pero tampoco le habían comunicado su resultado a los vendedores. En otras ocasiones, los datos de los pisos eran obtenidos de otras inmobiliarias, llegando a exhibir incluso pisos cuya venta estaba encomendada a otras empresas por medio de la participación involuntaria y ajena a la trama familiar de empleados de dichas empresas así utilizadas.

Para facilitar la concertación de las operaciones, los acusados llegaban a ofrecerse para intermediar en la concesión de las operaciones financieras precisadas, situación que empleaban posteriormente como "excusa", por presuntas denegaciones, de la falta de la realización de las ventas y entregas de las cantidades percibidas.

Una vez hecha la entrega, los inculpados —principalmente uno de los hijos del matrimonio implicado y su padre— comunicaban a los supuestos compradores que le avisarían para culminar las gestiones en breve plazo, sin que éste llegara nunca. Ante las reclamaciones de los perjudicados, estos recibían de los procesados y sus empleados "evasivas, más excusas e incluso amenazas de reclamación judicial". De esta manera lograron que le fueran entregados casi 25.000 euros, de hasta ocho supuestas víctimas.

La Fiscalía le imputa a los cuatro miembros de la familia —madre, padre y dos hijos—un posible delito continuado de estafa por el que, además de la pena de cárcel, solicita una indemnización por la cantidad supuestamente defraudada a los perjudicados. Los acusados serán enjuiciados por estos hechos el próximo 22 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.