La agrupación preguntó a la Junta "por qué no se aplica" el argumento de "abuso de la solidaridad" en Extremadura sobre la aportación energética, que ha utilizado en sus alegaciones contra el silo nuclear, para oponerse al proyecto de instalación de tres centrales térmicas de ciclo combinado en la comarca de Mérida, destacó en un comunicado de prensa.

"No puede justificar esta incoherencia, esta doble vara de medir", según Los Verdes, que destacó que "causa desconcierto" que "gran parte de los argumentos esgrimidos" por el gobierno de Guillermo Fernández Vara contra el ATC "sean coincidentes" con los que defienden los colectivos que se oponen a otros proyectos que "amenazan el medio ambiente y la salud de los extremeños".

El colectivo presentó sus alegaciones "en contra" de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Albalá, en las que afirma que "no reúne los requisitos mínimos exigibles" y en que la comarca de Montánchez "se vería seriamente afectada en su desarrollo".

Según destacó, "en la comarca hay siete espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, tres de ellos a kilómetros del término municipal de Albalá", lo que "debería suponer la aplicación de uno de los criterios de exclusión establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear".

"Otro inconveniente grave" en esta candidatura es la "imposibilidad" de transportar los residuos radiactivos por ferrocarril, por lo que tendrían que ser llevados a Albalá por carretera, con el "consiguiente aumento del riesgo de accidentes".

Asimismo, indicó que la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Montánchez "está apostando" por un desarrollo rural basado en la producción agropecuaria de calidad, el turismo y el "rico patrimonio natural, histórico y cultural de la zona". "Dicho modelo de desarrollo, aunque sólo fuera por cuestión de imagen, es totalmente incompatible con un cementerio nuclear", dijo.

Anulación del proyecto de selección

El partido solicitó la anulación de "todo el procedimiento para la selección del emplazamiento del ATC" en Albalá, por "incumplir con el compromiso de activar los mecanismos de información y participación pública que permitiesen alcanzar un amplio consenso político, institucional y territorial".

Al respecto, indicó que el procedimiento elegido "ha hurtado a las comunidades autónomas el papel que estaba previsto que iban a tener y ha eludido la búsqueda del consenso social y territorial que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero". Así, dijo que es un procedimiento de "legitimidad cuestionable por cuanto vulnera el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información y la participación del público y porque la propia fórmula elegida".