La también secretaria de Educación de los socialistas canarios afirma en un comunicado de prensa que el Ejecutivo de CC y PP "ha admitido su propio fracaso" al suspender este Decreto, a la vez que celebra que haya renunciando a un "engaño que no garantizaba la entrada de nuevos docentes a la enseñanza pública ni respetaba los derechos de trabajadores que llevan una media de diez años ejerciendo su función en el sector y cuya media de edad es de 50 años".

La diputada del PSC-PSOE recuerda que estos 4.841 docentes "son quienes han salvado la educación pública, dando lo mejor de sí para mantener y desarrollar el servicio educativo en el archipiélago". También indica que se trata de un "ejemplo de libro en el que se debe aplicar aquel eslogan del que tanto hablaba Paulino Rivero de 'trabajo para los canarios', buscando un punto de equilibrio entre los preceptos de la LOE, que disponen la superación de situaciones de interinado, y los derechos de personas que han acumulado méritos que han de ser reconocidos y protegidos".

Rita Gómez se refiere a aquellos "casos heroicos protagonizados por docentes que lo han tenido realmente difícil para desempeñar la función educativa con continuos cambios de destino y grandes cargas familiares". Para la diputada, la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el debate sobre política general, mediante la que solicitaba la retirada del Decreto, "era una oportunidad para que CC y PP diesen un ejemplo de consenso ante el rechazo social que generaba la medida, pero finalmente ha tenido que ser el Gobierno el que admita su fracaso, en una postura contraria a la que mostraron en ese debate los grupos del pacto".

La portavoz parlamentaria también recalca que la LOE "aboga por la reducción de la interinidad, pero el Gobierno de Canarias no ha cumplido, ya que no ha puesto sobre la mesa unos buenos concursos de oposiciones". Según expone, "este embudo de entrada y salida de docentes es consecuencia de la política llevada a cabo durante todos estos años por los gobiernos de CC y PP, por lo que la solución tiene que ser consensuada y no impuesta de manera unilateral, que es lo que ha pretendido hacer este Gobierno".