La organización agraria COAG ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Granada más vigilancia policial en las zonas agrícolas de subtropicales de la costa tras haber tenido conocimiento por parte de varios agricultores afectados del robo de unos 3.000 kilos de chirimoya en tres fincas del municipio de Motril.

Según informó en un comunicado, aunque la campaña está terminando, en la mayoría de municipios productores de la costa, los agricultores empleaban en su explotación una técnica experimental que permitía alargar el ciclo del cultivo, por lo que los robos se han producido cuando la fruta estaba madura y a pocos días de comenzar la recolección. COAG alertó que los robos en las fincas son muy frecuentes y más ahora, que coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, la chirimoya ha incrementado su precio en los mercados hasta los 2,5 euros/kilo.

"Los agricultores están cansados de sacar adelante una cosecha, durante muchos meses y con unos costes de producción muy elevados, sobre todo en este tipo de cultivos experimentales, para que en el momento de recoger los frutos se vean sin producción y teniendo que afrontar el pago de todas las inversiones realizadas para sacar adelante una producción con gran calidad y cumpliendo todas las normas sanitarias", lamentó el secretario provincial de COAG, Miguel Monferrer Montoro.

Según la organización, en la mayoría de las ocasiones los frutos robados son comercializados en los puntos de venta ambulantes ilegales de las carreteras y caminos rurales de la Costa, por lo que también pidió un mayor control de éstos "en los que no se garantizan los requisitos básicos de calidad, manipulado y certificación de la fruta".

COAG subrayó en ese sentido que cualquier producto agrario debe llegar al consumidor a través de canales de comercialización que garanticen la seguridad alimentaria y por ello hizo un llamamiento a los consumidores para que no adquieran ningún producto en los puntos de venta ambulantes.

Asimismo, recomendó a los agricultores que denuncien los robos para garantizar la intervención de las autoridades competentes porque estos delitos están causando "cuantiosas pérdidas económicas" en las explotaciones de la costa y "un grave perjuicio para un sector agrario referente y primordial para la economía agraria de la comarca".