ACS impugnará hoy el acuerdo de la Junta de Accionistas de Iberdrola, celebrada hoy en Bilbao, por el que se cesa a su representante José María Loizaga como miembro del consejo de administración, nombrado momentos antes en virtud del sistema de representación proporcional. Además, en la Junta, a propuesta del consejo, también se aprobó reducir de 15 a 14 los miembros de este órgano, lo que deja sin vacantes el consejo.

En la Junta, el consejo de Administración de Iberdrola alegó que existe un conflicto estructural y de competencia directa y permanente entre Iberdrola y ACS para impedir su entrada en el consejo, mientras que la constructora consideró "injustificado" el cese y calificó de "excusa" los argumentos para impedirles acceder al consejo de administración.

La Junta, con un quorum histórico del 79,59 por ciento, tenía encima de la mesa una solicitud de Residencial Monte Carmelo participada al 100 por cien por ACS, para la designación en la Junta de un consejero por el sistema de representación proporcional.

ACS dispone de una participación de más del 12 por ciento en Iberdrola, entre participación directa y derivados, por lo que, en función de ese sistema, le correspondería un puesto en el consejo y, por ello, designó a al representante de la comisión ejecutiva de la constructora, José María Loizaga.

Este nombramiento provocó la inmediata reacción de algunos de los accionistas de Iberdrola que tomaron la palabra, y, al menos tres, entre ellos, el abogado Ramón Hermosilla, y el catedrático de Derecho Mercantil, Juan Ignacio Pineda, reclamaron el cese de Loizaga.ACS

Frente a esta posición, el secretario del consejo de Administración de ACS, José Luis del Valle, planteó, en primer lugar, que no se podía someter a votación la revocación del nombramiento, porque éste no era efectivo hasta que Loizaga se sentará por primera vez en el consejo.

Además de esta cuestión de forma, alegó razones de fondo, que, a su juicio, hacían que fuera "abusiva", así como "injustificada" la pretensión de cesar a Loizaga.

El representante de ACS negó que exista un conflicto de interés permanente entre ambas compañías, cuando, a su juicio, se pueden dar únicamente casos aislados, pero indicó que, en este caso, el remedio no puede ser "cesar" al consejero, sino que se pueda abstener cuando se planteen estos asuntos donde pueda haber un conflicto. En concreto, indicó que en 2008 y 2009 sólo se han producido conflictos en "nueve casos aislados".

Además, apuntó que las actividades relativas al sector de la energía representaron en 2009 únicamente 187 millones de facturación para ACS de los 16.000 millones obtenidos, lo que supone el 1,2 por ciento.

Asimismo, denunció que no se está dando "igualdad de trato" con respecto a otros consejeros como José Luis Olivas (en representación de Bancaja), Xabier de Irala por BBK y Braulio Medel por Unicaja, cuyas empresas también tienen relación y participan en actividades energéticas.

Tras la intervención de los accionistas y la del representante de ACS, se dio a conocer que el consejo de administración de Iberdrola entiende que hay "razones fundadas" para pensar que hay un "conflicto estructural y de competencia directo y permanente" entre Iberdrola y ACS.

Tras recordar los informes de PriceWhaterHouse y Nera Economic, señaló que esos conflictos se dan en los sectores de energía renovables e ingeniería, así como en áreas estratégicas para el grupo Iberdrola como el desarrollo del coche eléctrico, infraestructuras de servicios eléctricos asociados, actividades conexas al ahorro energético, así como las específicas de la operativa de centrales de generación con ciclo combinado.

Asimismo, trasladó que está "plenamente justificado" el cese de un consejero en el supuesto de que sus intereses "sean opuestos en cualquier forma a los de la sociedad en la que ocupa el puesto de administrador al amparo del artículo 132.2 de la Ley de Sociedades Anónimas".

Por ello, sometió a aprobación de la Junta varias propuestas de acuerdo: por una parte que se declare que existe un conflicto estructural y de competencia directa y permanente entre Iberdrola y ACS, y, en consecuencia, destituir al consejero designado, en virtud del citado artículo de la Ley de Sociedades Anónimas.

Una vez sometida a votación, se acordó la destitución de Loizaga como consejero, una decisión que provocó los aplausos de la mayoría de los asistentes.

Además, también se aprobó otra propuesta de acuerdo planteada por el consejo de Administración que es la reducir de 15 a 14 el número de miembros del consejo de administración, por lo que ya no quedarían vacantes, porque se elimina el puesto dejado por el presidente de Ence, Juan Luis Arregui, que dimitió momentos antes de iniciarse la Junta. Además, esta reducción de los puestos en el consejo haría elevar la participación que se precisa para poder contar con un representante en el consejo.

Esta decisión provocó la reacción inmediata de ACS que anunció que impugnará el acuerdo relativo a la destitución de Loizaga como consejero en Iberdrola. En principio, según apuntaron fuentes de la constructora, esta impugnación se podría presentar en el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao y, por ahora, no se plantean recurrir a la vía penal.

En la Junta, el presidente de Iberdrola no se pronunció sobre la polémica sobre la entrada de ACS en el consejo de administración de la empresa y se limitó a reiterar que quieren que la eléctrica siga siendo un proyecto "sólido e independiente" y aseguró que el consejo de administración debe "perseguir siempre el interés social de la compañía". "Son especialmente necesarias empresas que respondan al interés de la sociedad, con comportamientos éticos claros y estrategias definidas", añadió.

Además, tampoco hizo mención a la enmienda socialista que permite eliminar las limitaciones de derecho de voto en las empresas y que fue calificada por algunos accionistas como un "atropello". Galán sí aprovechó para reiterar el vínculo de Iberdrola con Euskadi. "La apuesta por el País Vasco va a continuar en el futuro", aseguró.

Por otra parte, en la Junta, se procedió a la reelección como consejeros de Victor de Urrutia, Ricardo Alvarez de Isasi, José Ignacio Berroeta, José Ignacio Sánchez Galán, Julio de Miguel, y Sebastián Battaner. Además, también se debía haber reelegido al presidente de Ence, Juán Luis Arregui, que dimitió momentos antes de iniciarse la Junta para "cortar de raíz las especulaciones" sobre la posible existencia de un conflicto de interés por ser presidente de una empresa que participa en el sector energético.

Precisamente, Ignacio Sánchez Galán aprovechó su intervención para agradecer a Arregui la labor desarrollada durante sus años de consejero y destacó que ha sido "un ejemplo para todos", especialmente en estos momentos.

Además, de la reelección de estos vocales, también se aprobó el nombramiento de María Elena Antolín y Santiago Martínez como consejeros independientes, que hoy mismo presentaron su dimisión como consejeros de Iberdrola Renovables.

En la Junta se respaldó la propuesta de mantener la retribución total al accionista en línea con la de 2009 (0,332 euros por acción). Además, también se aprobó el nuevo sistema de retribución al accionista, que permitirá optar por recibir acciones liberadas o un importe equivalente en efectivo.

Por último, se delegó a favor del Consejo la facultad para emitir bonos u obligaciones simples y otros valores de renta fija de análoga naturaleza, así como participaciones preferentes, con el límite máximo de 20.000 millones, y de pagarés con el límite máximo en cada momento, independiente del anterior, de 6.000 millones.