Por su parte, el Sindicato Labrego Galego (SLG) discrepó en varios puntos del documento marco elaborado por la Administración agraria gallega a raíz de las aportaciones de las tres organizaciones profesionales y, sobre todo, criticó la ausencia de "cuestiones políticas de calado" en la posición de Galicia para permitir una "verdadera" reforma de la PAC.

El debate del documento marco formulado por Medio Rural en el pleno del Consello Agrario Galego se prolongó durante unas dos horas y media sin llegar a cerrarse, por lo que representantes de la Consellería y los tres sindicatos volverán a reunirse dentro de un mes, en torno al 23 de abril, para tratar de consensuar una única posición.

El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, explicó que el documento marco se centra en la necesidad de fijar población en el ámbito rural, la mejora de las rentas de agricultores y ganaderos, la seguridad en la producción de alimentos a la población "en cantidad y calidad" y en que el productor agrario siga contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

El titular de la Administración agraria gallega coincidió con Unións Agrarias y Xóvenes Agricultores al defender que se mantenga un presupuesto "suficiente" para la PAC y que los trámites que deben realizar los productores se simplifiquen. A este respecto, el secretario de Gandaría de UU.AA., Javier Iglesias, consideró que la "batalla" en el ámbito comunitario se librará en relación al mantenimiento del presupuesto de la PAC.

Precios mínimos y ayudas por activos agrarios

Por su parte, la secretaria xeral del SLG, Carme Freire, reivindicó que el documento marco que recoja la posición de Galicia establezca una "garantía" de rentas dignas para los productores, con la fijación de un precio mínimo que cubra sus costes de producción, y rechazó el control privado de los mercados mediante contratos homologados, al sostener que deben estar regulados.

De igual modo, defendió que las ayudas a los productores deben primar los activos agrarios, los modos de producción sostenible, la agricultura familiar y a las pequeñas y medianas explotaciones. El documento de la Xunta propone la eliminación de los subsidios por superficie, aunque el SLG cree que deben concretarse los criterios a primar.