El estudio fue presentado hoy en rueda de prensa por la Procuradora General, María Antonia Fernández Felgueroso; la directora de la Escuela Social de Trabajo de Gijón y coordinadora del estudio, María José Capellín y por el representante de Accem, Javier Mahía.

Capellín indicó que una de las conclusiones del estudio es que en Asturias "no se puede hablar de discriminación salvo en el trato con la administración en la gestión de papeles y aspectos legales". En este sentido indicó que a los inmigrantes se les pone más dificultades que a los ciudadanos de aquí para hacer cualquier tipo de papeleo lo que conlleva una mayor dilatación en el tiempo, algo que provoca las quejas no sólo de los trabajadores sino de los propios empresarios.

No ocurre lo mismo con servicios como la sanidad o la enseñanza, aspectos en los que los inmigrantes muestran "gran satisfacción" de la integración y del acceso a los mismos.

La coordinadora del estudio manifestó que si bien es cierto que globalmente nos podemos sentir satisfechos con los resultados del estudio, en el mismo aparecen algunos aspectos e indicios de cuestiones que pueden ser mejorables".

"Los trabajadores se incorporan bien y con el apoyo de los autóctonos y en general no hay polarización de los mismos, no obstante aunque no estamos ante una sociedad racista si hay claros nichos sociales muy marcados", indicó Capellín.

En este sentido la Procuradora indicó que este novedoso estudio tiene por objetivo contribuir a futuras investigaciones y servir de herramienta para la mejora de la gestión de la diversidad cultural por parte de las empresas. "Trata de ser una herramienta sencilla y práctica para las empresas, aunque somos conscientes de que la tarea que tenemos por delante no será fácil", manifestó Fernández Felgueroso.