Alertan de la privatización de los servicios sociales y no descartan movilizacionesAdvierten de que el documento "deja fuera" a los que no estén empadronados en Canarias

Unos 3.000 trabajadores sociales en activo en Canarias expresaron hoy su rechazo contra el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales que aseguran que persigue la "privatización" de los servicios públicos en las islas y que el Gobierno regional "intenta aprobar con calzador".

Así lo advirtieron en rueda de prensa en la capital grancanaria el presidente y el vicepresidente de los colegios profesionales de Trabajadores y Asistentes Sociales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, Domingo Viera González, e Ibrahim Navarro, respectivamente, que informaron de los actos conjuntos con motivo de la celebración del Día Mundial del Trabajo Social.

El lema de este día para el 2010 es 'Haciendo una realidad de los derechos humanos: agenda del trabajador social' y ha servido para que ambos colegios hayan decidido unirse y reivindicar una nueva ley de servicios sociales en el archipiélago "competente y diseñada a la medida de las necesidades reales de los canarios".

Viera criticó que el anteproyecto es "incierto" y no se sustenta en un diagnóstico "veraz" de la realidad social de Canarias, ni del mapa de recursos existentes suficientes en las islas. Además, denunció este proceso "no ha contado ni con la participación ciudadana en general, ni con la especial de los agentes sociales que desarrollan su labor en las diferentes áreas sociales".

Igualmente, alertó de que se desconoce cuándo se aprobará dicho documento, que, en su opinión, implica "una tendencia clara de privatización de los servicios sociales, que coincide con la práctica del Gobierno regional de privatizar los servicios públicos, tal como ocurre en Sanidad".23

Años de la ley de servicios sociales de canarias

Además del acto lúdico previsto para hoy en la capital grancanaria para celebrar el Día Mundial del Trabajo Social, el vicepresidente del Colegio tinerfeño, Ibrahim Navarro, indicó que el próximo 28 de abril se desarrollarán diversas actividades en la Universidad de La Laguna, coincidiendo con que hace 23 años que se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Canarias.

Esta jornada contribuirá a "hacer un recorrido por la ley, ver sus aciertos y fracasos y crear un espacio abierto para los profesionales que están inquietos por el anteproyecto" promovido por el Ejecutivo regional.

En su intervención, Navarro no descartó que los trabajadores sociales emprendan movilizaciones a fin de paralizar el Anteproyecto de Ley.

Por su parte, la miembro de la junta de gobierno del Colegio de Santa Cruz y también redactora del manifiesto conjunto presentado hoy por los dos colegios, Celsi Cáceres resaltó que la Ley de Servicios Sociales de Canarias ha servido "para que hoy exista un sistema público de servicios sociales, que ha permitido a las personas que habitan en esta tierra encontrar alivio a muchas necesidades que por sí mismas no pueden afrontar", aunque el desarrollo del documento "no ha sido completo.

Ante ello, plantea que el Gobierno autonómico ofrece un anteproyecto de Ley Canaria de Acción Social y Servicios Sociales que "en un primer momento intenta aprobar con calzador, siguiendo trámites de urgencia a la hora de recabar aportaciones de instituciones, entidades y representantes de la ciudadanía y no ha valorado el papel y la opinión cualificada del Consejo General de Servicios Sociales especialmente en esta materia".

Abre la puerta a empresas privadas

A su entender, dicho anteproyecto "refleja un profundo desconocimiento de la naturaleza de los servicios sociales, tanto de sus aspectos teóricos como de las circunstancias que los definen en la práctica cotidiana".

"Es un documento incoherente con errores e imprecisiones que ponen de manifiesto la falta de rigor del trabajo realizado por sus redactores, una propuesta que abre la puerta a empresas privadas para que organicen y gestionen los servicios sociales canarios", apostilló Cáceres.

En este sentido, insistió en que el citado texto "no prevé ningún compromiso de financiación, mientras se desarrolla largamente la participación económica de las personas usuarias. "Un esbozo de sistema de servicios sociales que deja fuera a todas las personas que no estén empadronadas en Canarias", alertó.

"En suma, una colección de promesas de futuro difícilmente creíbles que en ningún caso se pueden considerar respuestas válidas a las necesidades de las personas que vivimos en estas islas", aseveró.

Asimismo, la integrante de la Comisión de Servicios Sociales del Colegio de Las Palmas y redactora del manifiesto, Koldobi Velasco, insistió en la necesidad en las islas de unos servicios sociales "universales, que garanticen la equidad y la justicia en las condiciones de vida de toda la población".

Además de que "respondan con urgencia y continuidad a las desigualdades, que sean efectivamente de responsabilidad pública, es decir, promovidos, ordenados y garantizados por la administración pública, y reconocidos como derecho subjetivo, de tal forma que se pueda reclamar su cumplimiento administrativa o judicialmente, con una cartera de servicios concreta y completa y una financiación estable, adecuada y suficiente".

"el negocio de la solidaridad"

Koldobi reclamó también que "no se potencie el negocio de la solidaridad, intentando maximizar el beneficio monetario y dejando en manos de las empresas privadas y las entidades sociales sin escrúpulos la gestión cotidiana" de los servicios sociales. "Que no se mercantilicen ni se privaticen de forma indiscriminada", remarcó.

Entre otras cuestiones, también solicitó que los servicios sociales encuentren "amparo" en una Ley General de Servicios Sociales para todo el Estado español por la que admitió que "habrá que luchar abandonando la avaricia competencial de las autonomías".