Compromiso por Gran Canaria (CGC) ha propuesto hoy la supresión del 90 por ciento de los cargos políticos del Gobierno de Canarias, lo que supondría quitar a 119 de los 124 cargos que forma parte del Ejecutivo regional en la actualidad, una disminución que supondría un ahorro de 102,9 millones de euros por legislatura.

En rueda de prensa, la presidenta del partido, Nardy Barrios, aseguró que este ahorro de costes "podría ser mayor con la eliminación de algunas empresas públicas del Ejecutivo canario, ya que su mantenimiento supone 120 millones de euros anuales, o sea unos 480 millones de euros por legislatura".

También explicó que la propuesta de su partido persigue una Administración Pública "más efectiva, más barata y más cercana, y que no requiere de un cambio normativo, ni de una nueva regulación del Gobierno ya que está acorde con el espíritu de nuestro Estatuto de Autonomía y de toda la legislación vigente".

"Se trata —añadió— de organizar la Administración Canaria de forma en que haya un sólo órgano competente que tenga los recursos suficientes y que dedique la mayor parte posible de los ingresos de la Comunidad Autónoma a la gestión pública y no al abono de sueldos de cargos políticos y puestos de confianza".

Los cabildos tendrían todas las competencias

De esta manera, la propuesta de CGC determina como órgano fundamental de la administración pública canaria a los cabildos insulares, en los quedarían depositadas todas las competencias, dotándoles con los suficientes recursos humanos y económicos para que las desarrollen, "como en realidad lo vienen haciendo desde el principio de la instauración de la autonomía".

Barrios consideró que una de las mejores formas de poder transferir los fondos para que cabildos y ayuntamientos puedan ejercer las competencias transferidas, es la creación de un fondo de solidaridad o de cohesión, que no sólo tenga en cuenta los ingresos que se generan en cada una de las islas sino sus necesidades, y distribuir equitativamente los recursos.

Con esta reforma, CGC pretende que se nombren directores territoriales, en cada una de las islas, para las competencias asumidas, con lo que se da la posibilidad a los funcionarios y técnicos de carrera, que integran la Administración canaria, de tener nuevas responsabilidades.

Gobierno canario con 5 MIEMBROS

Compromiso por Gran Canaria propugna además un Ejecutivo autonómico constituido sólo por cinco miembros: presidente, vicepresidente y tres consejeros, lo que supondría la supresión en torno a unos 342 cargos de confianza, tomando de media tres cargos de confianza por cada consejero, viceconsejero y director general.

"La reducción de estos cargos políticos del Gobierno de Canarias y, por consiguiente, de su personal de confianza supondría, sólo en sueldos, un ahorro de 74,2 millones de euros en los cuatro años de legislatura, que se emplearían en el desarrollo de Canarias: sanidad, educación, servicios sociales, carreteras", indicó el partido en un comunicado.

En este sentido, Barrios abogó por un Gobierno autonómico constituido por la Presidencia, Vicepresidencia, y las consejerías de Educación y Empleo, de Sanidad, y de Transporte Público.

Así, el presidente ostentaría toda la representación de la autonomía, tanto a nivel nacional como internacional, así como Justicia y Seguridad, el vicepresidente tendría sus propias funciones y competencias, asumiendo las de Comercio y Hacienda, y la coordinación de las políticas a desarrollar por los cabildos y ayuntamientos en materias de Turismo, Industria y Comercio.

Por su parte, a la Consejería de Educación y Empleo se le asignaría una competencia primordial como es Educación en la que entendemos está incluida Universidades, así como las de Empleo y las políticas desarrolladas por los cabildos y ayuntamientos en Cultura, Deporte y Juventud; mientras que la Consejería de Sanidad tendría la competencia primordial de Sanidad y la coordinación de las políticas a desarrollar por cabildos y ayuntamientos en Alimentación, Salud Pública, Bienestar Social, Vivienda y Medio Ambiente.

Finalmente, la Consejería de Transporte y Obra Pública tendría como principal competencia Transporte y Obra Pública y coordinará con cabildos y ayuntamientos Agricultura, Ganadería y Pesca, Desarrollo Sostenible y Energía.