Ecologistas en Acción presentó hoy, en rueda de prensa, el primer informe 'Vertederos incontrolados en la Región de Murcia. 2009', en el que se recoge la existencia, tras el estudio de nueve municipios, de 16 de estas plantas de residuos, de las que 14 serían ilegales, mientras que las dos restantes son escombreras que, aunque están autorizadas, se detectan irregularidades.

Con este trabajo se pretende "dar una visión de conjunto actualizada sobre un problema que las administraciones públicas no atienden los suficientemente", según manifestó el portavoz de la organización, Pedro Belmonte, quien dejó claro que esto ha causado "un aumento exponencial de estos puntos de vertidos incontrolados y escombreras ilegales prácticamente en todos los puntos de la Región".

Y es que, aunque en este informe se recogen un total de 16 vertederos en nueve municipios diferentes de la Región, el problema es "mucho mayor", puesto que sólo el Seprona de la Guardia Civil realizó durante 2008 en la Región "un total de 688 actuaciones en escombreras y/o vertederos ilegales".

Es por ello por lo que Belmonte advirtió que lo que se muestra en este trabajo "sólo es la punta del iceberg de la problemática de los vertederos incontrolados en Murcia", ya que, justificó, "abordar el asunto de forma completa sería extremadamente complicado por la falta de información al respecto que proporcionan las propias administraciones públicas, entre otras razones".

Así, la organización recordó que el pasado año, el Gobierno central concedió hasta 14 millones de euros en subvenciones a varias comunidades, entre ellas Murcia, para cofinanciar la ejecución urgente de actuaciones para el cumplimiento de la legislación de vertederos, incluyendo la clausura de aquellos ilegales y la captación de biogás en otros.

De este modo, Murcia presentó cinco proyectos correspondientes a los municipios de Jumilla, Lorca, Ulea y Cartagena, pero sólo uno de ellos hacía referencia a la clausura de un vertederos en Jumilla, "lo que da una idea de la desproporción entre el problema y los medios que se ponen sobre la mesa".

Análisis de los vertederos

En concreto, en este trabajo se analizan dos tipos de vertederos. Por un lado, los ilegales, "de gran superficie y que carecen de autorización para el tratamiento y gestión de los residuos".

A pesar de ello, las empresas, particulares y algunos ayuntamientos lo utilizan, como es el caso de Blanca, Moratalla, Calasparra o Puerto Lumbreras, según denunció públicamente el coordinador del estudio y portavoz de la organización en Cieza, José Antonio Herrera.

En segundo lugar, se ponen al descubierto los vertederos autorizados como escombreras, es decir que sólo pueden recibir residuos inertes, pero que, sin embargo, se pueden encontrar de todo tipo, incluyendo peligrosos.

En este último grupo, los ecologistas explicaron un caso "singularmente grave" y cuya foto ilustra la portada de este informe: una escombrera en Cañadas de San Pedro, en la pedanía murciana de Sucina, que se ha convertido en "un auténtico basurero de más de 100.000 metros cuadrados de superficie, en plena ZEPA del Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona" y propiedad de un particular.

Es uno de los vertederos más grandes e importantes por el volumen de residuos que acumula, con "taludes de 10 y 15 metros de altura", sostuvo Herrera, quien criticó también "la degradación ambiental que ello está ocasionando en su entorno".

Aunque es una escombrera legal y que cuenta con la DIA favorable para un proyecto de vertedero de residuos inertes desde principios de 2003, "desde hace años se suceden numerosas quejas y denuncias por el vertido de todo tipo de residuos no inertes en unas instalaciones donde no hay ningún tipo de control sobre el contenido de los camiones que acceden a verter".

Hasta el punto, subrayó, de que en la zona se encuentran "grandes cantidades de cajas de pescado con restos de éstos sin tratamiento previo alguno, lo que genera un olor desagradable, además de la presencia de insectos y aves"; residuos todos ellos que se acumulan cerca del cauce de una rambla que no tiene diques ni muros, lo que muestra un "evidente riesgo de escorrentías".

No obstante, el vertedero que ocupa la superficie más grande, con 250.000 m2, es el del Polígono Industrial Oeste de Murcia, también propiedad de un particular, y que almacena "montones de residuos de enseres voluminosos, restos de podas, escombros de obra civil esparcidos".

La zona de vertido, denunciada ya por la organización ante el Ayuntamiento, el Seprona y la Consejería de Agricultura y Agua, ocupa un área "considerable" en numerosas parcelas de cultivos abandonados.

En dicho informe también se recogen hasta cuatro vertederos ilegales pero que están ubicados en suelos municipales. Se trata del existente en Hoya de San Roque, propiedad del Ayuntamiento de Blanca en una superficie de 10.000 m2, que viene a ser "un caso representativo de las cosas muy mal hechas".

Herrera subrayó que este vertedero se encuentra dentro de la ZEPA Sierra de Ricote-La Navela, un espacio natural protegido integrado en la Red Natura 2000 que tras seis años en activo, el junio del pasado año se cerró por las numerosas denuncias de las que fue objeto, aunque actualmente se encuentra en los juzgados de Cieza, donde Ecologistas se ha personado como acusación.

El segundo de estos vertederos es una cantera abandonada que se encuentra en la Sierra de San Miguel, propiedad del Ayuntamiento de Calasparra y catalogado Monte de Utilidad Pública que, en una superficie de 20.000 m2, se almacenan inertes de construcción, neumáticos, enseres domésticos y hasta plásticos.

Los dos últimos casos son el del paraje de El Rincón, ubicado en Ricote en una parcela de titularidad municipal. Al respecto, Herrera criticó que a pesar de que a la entrada del mismo hay un cartel en donde se advierte que es un vertedero incontrolado y se aconseja que se utilicen los accesos para depositar los residuos "de forma ordenada", "nada de estos es serio, ya que es utilizado por empresas y vecinos de la zona al no haber límites de acceso".

Igualmente, como caso "curioso" es el vertedero situado en el paraje Los Chirrines, en unos terrenos que pertenecen a los ayuntamientos de Moratalla y Caravaca de unos 40.000 m2. En este sentido, el coordinador del estudio explicó que "se ha invertido dinero público (200.000 euros) para su clausura, sellado y restauración y, sin embargo, la zona sigue siendo un vertedero ilegal activo".

El resto de vertederos analizados se ubican en Cartagena (Venta Moya y Molino Zabala), Puerto Lumbreras-Lorca (Cabecillo del Trigo), y Yecla (paraje Los Castillarejos).PROPUESTAS

A tenor de esta situación, y atendiendo también a las "sanciones irrisorias" de hasta 600 euros que pagan las empresas por mantener activos algunos vertederos durante seis años, como es el caso de Blanca, los ecologistas demandaron "mayor coordinador entre las administraciones, y la elaboración de un censo de vertederos incontrolados por parte del Gobierno regional".

También solicitaron la creación de un Plan Regional de Control de Vertederos incontrolados, la ampliación de las partidas presupuestarias del Ejecutivo murciano y ayuntamientos destinadas a la lucha contra vertidos ilegales y limpieza de escombros, el desarrollo de escombreras municipales, aumentar la cuantía de las sanciones y desarrollar tanto campañas de sensibilización como ordenanzas municipales que regulen la gestión de residuos.