Asimismo, exigirán la rehabilitación del edificio, la firma de un convenio con la Junta para concertar el mayor número de plazas posibles, la impartición de cursos y talleres de formación, la apertura del centro a la sociedad, así como la firma de acuerdos con empresas locales para que colaboren en los programas de inserción laboral.

La moción, a la que tuvo acceso Europa Press, ya fue presentada el día 18 de noviembre del pasado año para evitar el cierre de Hacienda de Toros, dando "suficientes razones que avalaban la continuidad y la viabilidad del centro", indicó el concejal socialista Antonio Martín, quien criticó, no obstante, que al PP "no sólo no le parecieron buenas, sino que fue incapaz de rebatirlas y dar un solo motivo" para justificar el cierre.

"La historia de Hacienda de Toros y el trabajo de muchas personas han logrado dotar a Marbella de un plan contra la droga, integrando los diversos programas y servicios en una única red y profesionalizando todos sus dispositivos", recordó, al tiempo que señaló que "no podemos olvidar las iniciativas y el apoyo de la propia sociedad, incluyendo el consenso político en un tiempo en que la vida municipal no era la más adecuada para propiciarlo".

Así, el edil lamentó que "ese caudal solidario" para mantener e impulsar con nuevas estrategias los servicios municipales de prevención, asistencia y rehabilitación de personas con problemas de adicción "ha sido ignorado por el PP de manera incomprensible".

"Nuestra intención ahora es refrendar el consenso de todas las fuerzas políticas y garantizar la continuidad y la mejora de Hacienda de Toros como base de la política social de nuestro Ayuntamiento", afirmó, al tiempo que argumentó que, de ese modo, "conseguiremos que las personas sigan siendo lo importante, por encima de cualquier consideración o interés".

La Comunidad Terapéutica Hacienda de Toros es, según el concejal, un dispositivo en el que se implementan programas de deshabituación y desintoxicación en régimen residencial para aquellos usuarios que, por sus características personales, no puedan seguir un tratamiento de tipo ambulatorio, permitiendo además la ruptura temporal con el medio habitual de la persona adicta y constituyendo un sistema en el que el individuo tiene la posibilidad de adquirir nuevas pautas de comportamiento que tiendan a facilitar su incorporación social.

En este sentido, destacó el "compromiso" de la Junta para incrementar las plazas concertadas y ayudar en la implantación de programas de inserción laboral, reduciendo el coste para el Ayuntamiento, "pero tampoco les convencimos", lamentó.

Por último criticó que el cierre del centro provocó "dejar en desamparo a personas que necesitan ese recurso para rehabilitarse —sobretodo a aquellas que padecen una enfermedad psiquiátrica producida por el consumo—, al tiempo que "se traslada a las familias un problema social, produciéndoles todo tipo de daños colaterales (económicos, morales, éticos, de salud, rechazo social, de seguridad, etcétera)".