El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Economía Sostenible

  • Zapatero dice que seremos "más innovadores y competitivos".
  • Incluye la 'Ley Sinde', que permite cerrar páginas webs.
  • Se reforma la Formación Profesional y se fomenta el alquiler.
Imagen de un Consejo de Ministros celebrado en los Reales Alcázares de Sevilla.
Imagen de un Consejo de Ministros celebrado en los Reales Alcázares de Sevilla.
Julio Muñoz / EFE
Imagen de un Consejo de Ministros celebrado en los Reales Alcázares de Sevilla.

El Consejo de Ministros, reunido en Sevilla, ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Economía Sostenible, una "profunda reforma transversal de múltiples aspectos que rigen la actividad económica y que supone un nuevo paso en la modernización de la economía española".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha manifestado que este proyecto de ley es "ambicioso" y significa ser "más innovadores" y más "competitivos". Es una ley, a su juicio, para el "presente y el futuro", al tiempo que ha expresado la "máxima voluntad de consenso" del Gobierno en torno a esta norma durante su debate en el Parlamento.

Este proyecto de Ley lleva implícita la normativa conocida como Ley Sinde (en referencia a la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde) o Ley antipiratería, que permite bloquear las webs que infrinjan los derechos de autor, norma que ha sido fuertemente criticada tanto por consumidores, como por internautas y hasta la propia Fiscalía.

Zapatero ha recalcado que el objetivo fundamental es cambiar el modelo productivo, apuntando que no se puede depender tanto de la construcción de nuevas viviendas, la ocupación del suelo o la especulación urbanística, y ha apostado por la rehabilitación. A su juicio, es fundamental impulsar los sectores innovadores y competitivos como el de la biotecnología, automóvil o el aeronáutico.

Como aspectos más destacados, se regula el principio de buenas prácticas en las administraciones públicas y se establece la corresponsabilidad de las administraciones públicas; la reforma de los organismos reguladores de carácter económico; medidas de reforma del mercado financiero, con la reforma de la Ley del Mercado de Valores; medidas de reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados; fomenta la disciplina presupuestaria de las entidades locales; se impulsa la eficiencia en la contratación pública y la colaboración público-privada, y se promueve la responsabilidad social de las empresas.

En relación con el eje sobre mejora de la competitividad, la Ley continúa el esfuerzo de remoción de obstáculos administrativos iniciado con las normas de transposición de la Directiva de Servicios. Impulsa tres ejes fundamentales en la competitividad de los agentes económicos: el desarrollo de la Sociedad de la Información, la vinculación con las actuaciones de I+D+i y la formación de los trabajadores.

Incorpora medidas de simplificación administrativa; se reforma la actividad catastral mejorando su coordinación con el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y agilizando la tramitación; se profundiza el impulso a la Sociedad de la Información; se impulsa la actividad investigadora y a la innovación y  su vinculación con la actividad empresarial; reforma de la Formación Profesional y se incluyen también medidas de lucha contra la morosidad.

En cuanto al tercer eje, sobre sostenibilidad ambiental, se impulsa la sostenibilidad del modelo energético y se fija el objetivo nacional de una reducción de un 20 por 100 de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20 por 100 de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el año 2020.

Se impulsa el incremento en la capacidad de absorción por sumideros; la compensación voluntaria de emisiones de CO2; y la constitución de un fondo público para adquirir créditos de carbono.

Además, se promueve la transformación del sector del transporte y se impulsa la reorientación de la política de vivienda para fomentar el alquiler (se modifica la deducción por inversión en vivienda habitual del IRPF, que sólo será aplicable a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.170,20 euros anuales y se modifica también la deducción por alquiler de vivienda habitual).

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