Este refuerzo, compuesto por un juez y un secretario, está destinado a atender causas relacionadas con despidos, sin embargo el vicepresidente de la Junta de Personal de Zaragoza, Ricardo Bueno, explicó hoy, durante un encuentro con los medios de comunicación, que "sólo se designaron dos funcionarios que apoyaran a este juez y a este secretario".

Como consecuencia de "esta escasa dotación", este refuerzo, en vez de ayudar a solucionar los problemas en materias de despidos, "está retrasando el trabajo" porque "aunque se dictan sentencias más rápidamente, se tarda más en ejecutarlas", apuntó Bueno. Lo que finalmente "supone problemas para los trabajadores" porque se dilata mucho el tiempo entre la sentencia y la ejecución de ésta, dijo.

Por todo ello, los trabajadores del Juzgado de lo Social reclaman a la Dirección General de Justicia del Ejecutivo aragonés que dote de personal a este refuerzo, porque "no puede ser que presuman de que han puesto 50 funcionarios de refuerzo para cubrir todo el aumento de trabajo y que en una de las jurisdicciones en la que más ha aumentado el trabajo, sólo haya puesto dos funcionarios de refuerzo", indicó Bueno, quien estimó que dos personas más serían suficientes para hacer efectivo el refuerzo.

Falta de seguridad

Los funcionarios critican también la "falta de seguridad del edificio". A este respecto, Ricardo Bueno aseguró que el director general de Justicia del Gobierno de Aragón, José Borrás, "decidió eliminar la seguridad de este edificio para reforzar la de la Audiencia Provincial", cuando un grupo de jóvenes entró en este último inmueble para realizar un botellón, en diciembre de 2009.

Bueno señaló que en los Juzgados de lo Social hay "documentación muy sensible" y agregó que desde las 15.00 horas "no hay seguridad en el edificio y cualquiera puede entrar".

"Si ahora intentáis entrar en la Consejería de Justicia veréis que hay arcos de seguridad", manifestó Ricardo Bueno, al tiempo que añadió que "en este edificio cualquiera puede entrar diciendo que va al gimnasio de la última planta".

Ricardo Bueno mostró su preocupación por la seguridad de los funcionarios que trabajan en el edificio y por la documentación que en él se guarda. Entre otra documentación sobre despidos y demandas, en el inmueble se guarda el Registro Civil desde 1871. "El día que pase algo, todo serán lamentaciones", apuntó Bueno, para criticar que "el consejero debe tener toda la seguridad en su despacho".