El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, criticó hoy que la corrupción "mina los cimientos de la sociedad democrática" y, por ello, se comprometió a evaluar las "necesidades reales" de la Administración de Justicia de Baleares para dotar de más medios a la Fiscalía y a los Juzgados, ante la "situación coyuntural" de incremento de casos de supuesta corrupción en esta Comunidad Autónoma.

Tras reunirse con el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, Caamaño indicó que éste le ha expresado su "preocupación" por el aumento de casos de corrupción en el archipiélago y, por ello, avanzó que el Ministerio y la Fiscalía General del Estado "evaluarán", junto al Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de aumentar los medios judiciales de las islas para "combatir" este tipo de delitos.

Precisamente, recordó que ha sido el Gobierno socialista el que ha "potenciado" la Fiscalía Anticorrupción, ya que está "decidido" a luchar contra la corrupción de manera "eficaz". En este sentido, subrayó que la Ley debe ser "especialmente severa" contra aquellos que quieren "beneficiarse con el dinero de todos" y, por ello, recordó que la reforma del Código Penal contempla pena de cárcel para todos los responsables públicos involucrados en causas de corrupción, siempre y cuando se acredite en un proceso judicial.

Además, resaltó que con el nuevo Código Penal, se recuperará todo el dinero que se haya obtenido a través de un "enriquecimiento ilícito", de forma que la Justicia embargará los bienes e inmuebles de todas las personas que se hayan lucrado de esta manera y que tengan bienes en cualquier lugar del planeta al que pueda llegar la administración de justicia española.

"Aunque estas personas hayan cumplido la pena, nunca podrán ser titulares de bienes de ninguna naturaleza hasta que no abonen el dinero que hayan sustraído, de forma que su patrimonio pasará inmediatamente a manos de la Justicia", sostuvo Caamaño, quien, por otra parte, instó a los ciudadanos a que a la hora de votar a sus políticos, "sancionen" este tipo de conductas de corrupción "allí donde se produzcan".

Preguntado sobre si considera que el presidente del Govern, Francesc Antich, debería convocar elecciones anticipadas tras quedarse en minoría, después de que el pasado 5 de febrero expulsara a los cargos ejecutivos de UM, el ministro de Justicia estimó que en estos momentos de crisis económica, es "necesario mantener la estabilidad institucional siempre que se pueda y se cuente con los legítimos apoyos para hacerlo, así como con la ilusión y capacidad para llevarlo a cabo".

"Me parece una perfecta solución y un gesto de responsabilidad mantener la estabilidad y combatir desde los poderes públicos con un ejercicio de gestión y de transparencia cualquier intento de corrupción, teniendo en cuenta que esta práctica es lo que ataca a la legitimidad democrática".

Preguntado por el hecho de que algunos dirigentes del PP y de UM hayan cuestionado la acción de la Fiscalía relacionándola con intereses políticos, Caamaño recordó que este órgano "investiga en todo el territorio allí donde haya indicios de la comisión de un delito".

Es "recurrente" relacionar justicia y política

En esta línea, añadió que los fiscales son "profesionales y trabajan objetivamente en el cumplimiento de su tarea", si bien recordó que relacionar la acción de la Justicia con intereses políticos es un "elemento recurrente, no sólo en Baleares, sino siempre que ha habido causas judiciales que han afectado a cargos públicos a lo largo de la democracia española".

Pese a ello, remarcó que "siempre hemos podido comprobar que, al final, los jueces y tribunales han decidido y resuelto lo que tenían que hacer aplicando la Ley con independencia de las tensiones o cambios políticos que ha habido". Por tanto, dejó claro que la "lógica judicial y la política son distintas y es bueno que sea así".

Por otro lado, señaló que "podríamos hacer un recorrido por España y ver que tenemos problemas ligados a la corrupción urbanística, como consecuencia del boom inmobiliario". Por esta razón, recordó que el Gobierno central ha aprobado la Ley de Economía Sostenible, con el fin de "reordenar los sectores económicos" y evitar que se produzcan booms económicos en los que puedan surgir "actos de delincuencia relacionados con ellos, que deben ser combatidos con firmeza para impedir que se regeneren o se hagan prácticas corruptas".