Este fue uno de los compromisos que el subdelegado del Gobierno, Fernando Calahorro; la delegada de la Junta, Teresa Vega, y la diputada de la vicepresidenta de Infraestructuras y Servicios Municipales, Simona Villar, acordaron hoy en la comisión de seguimiento y evaluación de los daños en personas, viviendas y enseres así como en infraestructuras.

Calahorro precisó que los datos están "muy avanzados", pero es necesaria su depuración e acuerdo a la ley 3/2010 para establecer una relación de ayudas "indemnizables y subvencionables" dependiendo del tipo de perjuicios.

De hecho, indicó que "ahora no hay un dinero final", pero será "bastante superior" a los fondos ya destinados, entre los que se encuentran los más de 21 millones de euros de la Junta para actuaciones urgentes relacionadas con obras públicas o reparación de cauces. A ello se suman los casi 1,8 millones que ejecuta actualmente la Diputación, que prevé invertir otros 19,4 en los próximos meses.

Precisamente, destacó la "diligencia" en la gestión de los gastos extraordinarios y de emergencia, gracias a una coordinación entre administración que, si bien es diaria, es "insólita" en tanto no se había producido al nivel actual. En este sentido, Calahorro solicitó también la implicación de los ayuntamientos para que sean "rigurosos" a la hora de evaluar los daños que se afrontan con un gran esfuerzo ante una "situación extraordinariamente delicada para las arcas públicas por el descenso de los ingresos".

En la misma línea se pronunció la delegada del Gobierno andaluz al pedirles rapidez y rigor, sobre todo en lo relativo a los enseres y viviendas. Sobre éstas, recordó que en los peores momentos, con la activación del nivel dos del Plan Provincial de Inundaciones los días 22 y 23 de febrero, fueron desalojadas unas 250 personas, principalmente en Andújar, Marmolejo, Mengíbar y Jaén.

Los gastos relacionados con su manutención y alojamiento en esas jornadas, según dijo, ascendieron a 42.000 euros que la Junta va "a cubrir con inmediatez" para pagar el coste a los respectivos consistorios. En cualquier caso, señaló que, además de los 150 inmuebles de los que fueron desalojados, en total fueron hasta 600 las viviendas afectadas en la provincia.

Para su rehabilitación, junto a las líneas creadas de forma específica, se impulsarán otros programas que pueden contribuir a su arreglo, como el Proteja, el Aepsa o mediante planes de financiación por parte de la Diputación.PRIORIDADES

Los daños relacionados con las personas, los menos costosos a pesar de que requieren más trabajo para su análisis, serán una de las prioridades en las futuras actuaciones. Además, tendrán una "atención especial" los municipios más perjudicados, ya citados anteriormente, junto con otros como Arjona, Ajonilla o Villanueva de la Reina, así como las infraestructuras municipales básicas.

También será "preferente" el turismo y en este punto Vega subrayó la actuación en la A-319, eje transversal del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Según precisó, para su adecuación ante fechas importantes como la Semana Santa es necesario retirar unos 30.000 metros cúbicos de tierra que obstaculizan el paso en diversos puntos de la carretera.

Con respecto a la agricultura, otras de las "grandes preocupaciones" debido a los daños sufridos tanto en cosechas como en infraestructuras agrarias, el subdelegado del Gobierno comentó que actualmente está siendo objeto de evaluación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) y la Consejería de Agricultura y Pesca, de modo que posteriormente será analizada en la comisión provincial.