La ciudadana nigeriana embarazada y presunta víctima de trata que se encontraba recluida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid ha sido finalmente expulsada en la mañana de este miércoles, sin que sus abogados fueran notificados "ni pudieran recurrir" la decisión administrativa que le denegó el plazo de reflexión de 30 días a que tienen derecho las mujeres en su situación conforme dicta la nueva Ley de Extranjería.

Así lo denunció la presidenta de la ONG Women's Link Worldwide, Viviana Waisman, quien explicó que cuando las abogadas de la nigeriana se dirigieron por la mañana al CIE para visitar a su cliente, descubrieron que "se la habían llevado sobre las siete" para ejecutar la orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid que pesaba sobre ella.

La ONG tuvo conocimiento de este caso la semana pasada, cuando la ciudadana nigeriana llevaba ya más de 20 días en el CIE. Las abogadas asumieron su representación y tramitaron las instancias correspondientes para paralizar la expulsión y conseguir el reconocimiento del periodo de reflexión.

"Nosotras teníamos su representación y no nos avisaron de nada. El daño ya está hecho", explicó Waisman, quien incidió en que esta mujer, además de encontrarse en estado de gestación, "está amenazada de muerte en Nigeria por el tratante", el hombre que la vendió a la red de comercio de mujeres que la acabó trayendo a España, por lo que necesitaba protección internacional.

En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) difundió un comunicado este miércoles en el que aseguraba que recomendó al Ministerio del Interior que concediese asilo a la nigeriana y su petición fue denegada "pese a los informes favorables a la admisión al procedimiento emitidos" por este organismo internacional especializado en asilo.

No obstante, la presidenta de Women's Link señaló su intención de seguir luchando. Según dijo, van a denunciar la decisión de la Administración española ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, así como van a acudir al Grupo de expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA) para ponerles en conocimiento del caso.

La Delegación del Gobierno en Madrid aclaró por su parte que la expulsión de la nigeriana embarazada se ejecutó dando cumplimiento a una resolución judicial.  Así lo explicaron fuentes oficiales, quienes aclararon que fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid quien dictó una resolución ordenando la expulsión de esta mujer del territorio nacional.