El ex alcalde del municipio tinerfeño de Icod de Los Vinos, Juan José Dorta, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación, mientras que los empresarios del polígono industrial que ocupan la zona de El Riquel han sido acusados por un presunto delito contra los recursos naturales y el medioambiente.

Así lo recoge el auto de 10 de marzo del Juzgado de Instrucción número 1 de Icod de Los Vinos al que ha tenido acceso Europa Press. En este se explica que "desprendiéndose de lo actuado que los hechos denunciados — tras una querella presentadas por J. M. H. L. por presuntos delitos relativos a la ordenación del territorio, el patrimonio y el medio ambiente— pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación imputado a Juan José Dorta Álvarez".

Asimismo, han sido imputados por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente los empresarios de la Comunidad de Bienes Áridos Abreu, Prefabricados Santa Bárbara, Forthor Canarias, Desguaces Tenerife, Desguaces Insulares así como P.J.R.Z., C.R.Z. y P.R. F. (propietarios y gestores de las empresas).

Una huella imborrable en suelo agrícola

El auto expone, entre los razonamientos jurídicos, que Prefabricados Santa Bárbara (Prebasa) llevó a cabo la extracción y transformación de áridos con afección a la costa en una zona declarada rústica y con protección costera y agraria, "sin autorización o licencia ... y sin contar con declaración de impacto ecológico" extrayendo los áridos a cielo abierto "y no contando con autorización administrativa" y sin contar con un plan de restauración.

En el caso de Forthor Canarias ha señalados que obtuvo una licencia administrativa pero no autorización que ampare la actividad de extracción de áridos. Se ha acusado a la empresa de mezclar componentes para obtener hormigón "sin título habilitante para ello, y habiendo vertido residuos sólidos de hormigón lavado de las máquina en la zona de dominio público marítimo terrestre". Además se le ha acusado de "ser responsable de los vertidos de escombros sobre el dominio público marítimo terrestres y vertidos al mar de estos materiales" degradando el paisaje.

El auto explica sobre Aridos Abreeuos que se ha producido extracciones en terrenos propios y anexos sin contar con la autorización necesaria en una zona declarada como suelo rústico de protección agrícola. Tampoco contaba con licencia ni autorización para la explotación de las canteras y extracción de áridos, ni con la denominada declaración de impactos abmiental. "siendo así que ha ocasionado un impacto paisajístico en la zona muy alto y ha provocado deterioro en el entorno".

Desguaces Tenerife, un depósito de chatarras y desguaces y una fábrica de cemento, al que se ha acusado de no cumplir con la autorización inicialmente dada. Se le ha acusado de haber vertido residuos al mar y ocupado "indiscriminadamente" gran parte de la finca incluso la zona de servidumbre de protección. Además dicha empresa no cuenta con la autorización para actividades de descontaminación y sin impermeabilizar el suelo contaminando los suelos y con los posibles daños al suelo, subsuelo y los acuíferos.

La situación de Desguaces Insulares es similar por carecer de "autorización administrativa para efectuar operaciones de descontaminación y gestión de vehículos "produciéndose vertidos de residuos peligrosos sobre el suelo permeables, siendo la fragilidad del espacio afectado alta, habiendo afectado al suelo contaminado de forma irreversible, y han producido un daño ambiental significativo".

El pasado 19 de julio, por orden judicial se ordenaba el precinto de este polígono industrial puesto en marcha sin las autorizaciones preceptivas, según consta ahora en el nuevo auto.