"La ballena blanca ha adelgazado", concluyó Oliva, que fue el primer letrado en intervenir en el trámite de cuestiones previas del juicio contra el blanqueo de capitales, iniciado esta mañana en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga contra los 19 acusados en el caso 'Ballena Blanca', vista oral que seguirá mañana con otra sesión en la que los abogados terminarán de plantear las alegaciones iniciales.

Oliva se refirió a las primeras manifestaciones de "autoridades político-judiciales" sobre la importancia de esta investigación, llevada entonces por el juez Miguel Ángel Torres, y señaló que de eso se pasó, en noviembre de 2009, a un auto en el que se archivó la parte referente al delito de blanqueo en relación con la petrolera Yukos, una causa separada luego en otro procedimiento, aunque se inició como parte de este caso.

Oliva cuestionó la forma en la que se desarrolló la instrucción, a su entender "prospectiva" y que se inició por un delito de tráfico de estupefacientes sobre dos personas concretas, y consideró que un juez "no puede investigar indiscriminadamente a todo un despacho de abogados y no puede llevarse todos los datos del bufete", aseverando que se podrían haber examinado las "carpetas concretas" de los investigados.

"Pero aquí, se ha investigado a 2.000 personas y se detuvo a más de 50", manifestó el letrado, quien expuso al Tribunal que se han producido "violaciones del secreto de las comunicaciones, la protección de datos y el domicilio", así como vulneración del derecho de defensa. Asimismo, dijo que las intervenciones telefónicas se autorizaron a partir de "meras hipótesis de trabajo", aludiendo al caso 'Gürtel'.

Además, precisó que en el registro al despacho "se llevaron todas las carpetas y todos los discos duros". En este punto, indicó que un juez se debe cuestionar "si en función de lo que voy a obtener, merece la pena entrar como elefante en una cacharrería" y se preguntó, ante "un panorama de ingerencias en derechos fundamentales que se basa en meras hipótesis", si esto se puede hacer, concluyendo que a su entender "no".

También habló del deber de reserva de los datos fiscales, secreto que, en este caso, a su entender, se pide que se levante "sin base" y concluyó que en este procedimiento "todas las pruebas provienen de las intervenciones telefónicas y de los datos fiscales", recordando que, según la jurisprudencia, "no surtirán efecto las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales".

En cuanto al fondo, Oliva aseguró que el despacho de Fernando del Valle es "un despacho normal y corriente en su funcionamiento" y aseguró que es "habitual" en la costa asesorar en la compraventa de bienes inmuebles; al tiempo que añadió que su cliente "no tuvo nada que ver" en la venta posterior de una empresa creada en su despacho y vinculada a uno de los acusados, al que dijo no conocer.

Otras vulneraciones

Otros abogados defensores se adhirieron a estas consideraciones y apuntaron otras vulneraciones, como la de las normas de reparto, al entender que, tras presentarse el primer informe policial en el juzgado de guardia, "que al parecer era Instrucción número 5 —cuyo titular era el juez Torres—", se debió acordar que fuera al Decanato para el reparto de la causa, "pero el juez se apropió del caso", apuntó.

En este sentido, uno de los letrados apuntó que no se aplicaron las normas de reparto "porque el juez consideró que no" y porque, a su entender, "había un interés, más de carácter mediático que otra cosa". A partir de ese momento, dijo, "la instrucción se convirtió en un muro infranqueable con barreras al derecho de defensa por parte del juez, del fiscal y de los investigadores".

En este sentido, señaló que la presunta vinculación de su cliente con el tráfico de drogas, que dio origen a la instrucción, es "falsa" y lamentó el "proceso diabólico de investigación sin elemento inicial que permitiera esa ingerencia".

Otra defensa aludió a que algunos de los escritos no pudieron ser traducidos, con lo que tampoco se garantizó en este caso el derecho de defensa, mientras que la mayoría de los intervinientes insistieron en el carácter "prospectivo" del procedimiento y de la investigación.

Por último, el abogado José Carlos Aguilera, defensa de uno de los notarios acusados, recordó a la entrada de los juzgados que hubo más de 50 detenidos "y sólo 19 se sientan en el banquillo", lo que quiere decir, a su juicio, que "entonces hubo extralimitaciones y que hubo detenciones que nunca se tuvieron que producir", considerando que "sería bueno que aprendiéramos, además de a luchar contra la corrupción y el crimen organizado, a hacerlo respetando las reglas del Estado de Derecho".