El disfrute de este tipo de protección "vendría determinado por la acreditación de la falta de ingresos" de la unidad familiar por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Según informó IU-Extremadura en nota de prensa, la adopción de este tipo de medidas persigue la finalidad de "evitar en lo posible el efecto de la crisis económica en el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores", en concreto, en lo relativo al derecho a la vivienda, así como "garantizar un umbral mínimo de bienestar" para las familias al margen de su nivel de ingresos.

La formación política consideró que el ejercicio del derecho a la vivienda "no debe estar sometido a los vaivenes del mercado de trabajo, y menos aún en una situación como la actual en la que la ausencia de responsabilidad de los desempleados sobre su situación resulta incuestionable".

Asimismo, señaló que las políticas llevadas a cabo por los gobiernos regionales y de España "no han hecho otra cosa que verter sobre los trabajadores el esfuerzo y el desgaste" de la crisis económica, "provocada por los desmanes del capitalismo financiero" y las "fórmulas económicas representadas por los distintos gobiernos del PP y del PSOE en las últimas décadas", sentenció.