Esta circunstancia, supone para los representantes de la oposición un "recorte" que afecta a todos los usuarios del sistema público. Según Ovidio Sánchez, el Estado no está cumpliendo con sus compromisos a la hora de financiar el sistema de Dependencia, lo que propicia que el Gobierno regional recurra a dejar de prestar servicios.

Según Sánchez, el Ejecutivo asturiano no debe de "recortar" en cuestiones de este tipo, y sí en otras materias, como las relativas a sociedades y entes públicos que volvió a calificar de "chiringuitos".

Por su parte, Inmaculada González se refirió a una resolución de Bienestar Social y Vivienda sobre los criterios para acreditar centros de atención de servicios sociales y señaló que en su artículo 1 se especifica que los centros de servicios sociales de titularidad pública "no estarán sometidos al régimen de acreditación para la prestación de servicios a personas dependientes, si bien deberán observar las condiciones y requisitos de calidad y garantía en las prestaciones que establece la presente Resolución".

Esa redacción, según Inmaculada González significa que la Administración regional "exige a la iniciativa privada lo que no exige a los centros públicos". Así, comentó que pueden acometer los citados recortes. En la citada resolución se habla de personal de atención directa el personal médico, ATS/DUE, gerocultor-auxiliar de enfermería o equivalente, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, animador sociocultural, trabajador social, psicólogo, pedagogo, logopeda, educador, cuidado o equivalente, monitor de taller, técnico en estimulación y cualquier otra categoría profesional cuyas funciones impliquen la asistencia al usuario en las actividades de la vida diaria o proporcionarle ayuda personal y atención sociosanitaria.