La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, en relación al accidente del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2002, en las cercanías del aeropuerto de Trabzon (Turquía), en el que murieron 62 militares espanoles, entiende que las maniobras que realizó la tripulación del avión fueron "gravemente negligentes".

La juez María Teresa del Real estima parcialmente las demandas de los abogados de la acusación, que representan a familiares de 59 de los fallecidos en el accidente, personados en el juicio civil. Condena a la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (Um Air), a la contratista alemana Chapman Freeborn y a la reaseguradora BUSIN Joint Stock Insurance al pago de un total de 6.125.500 euros, en concepto de indemnización para los familiares de las víctimas. De esa cantidad, la reaseguradora solo deberá abonar 20.000 dólares americanos a una de las familias.

Los abogados de los afectados y demandantes solicitaban cerca de 62 millones de euros en concepto de indemnización, aunque la sentencia indica que ya han recibido algunas ayudas y prestaciones por otras vías.

En el avión siniestrado viajaban 75 personas —13 tripulantes y 72 pasajeros españoles, todos ellos militares—. Todas ellas murieron al estrellarse cerca de Trabzón un avión Yakolev, modelo 42D, explotado por UM Air, que tenía su origen en Kabul (Afganistán) y destino final en Zaragoza y Torrejón de Ardoz.

Ese viaje fue encomendado por el Ministerio de Defensa a NAMSA, la agencia de mantenimiento y abastecimiento dependiente de la OTAN, la cual lo contrató con el intermediario aéreo Chapman Freeborn. Éste a su vez, contrató el vuelo con la compañía UM Air, que fue a todos los efectos el transportista de dicho vuelo.

El texto de la sentencia relata que el accidente se debió a un fallo humano por parte de los tripulantes. "Las maniobras que se realizaron fueron gravemente negligentes, dirigirse a la zona del aeropuerto a la que lo hicieron puede calificarse de temerario".

Añade que se puede concluir que "no sabían donde estaban, pero no por qué acabaron en el sur cuando pensaban que estaban sobre el mar, puesto que disponían de todos los medios técnicos en correcto estado de funcionamiento para haber realizado el aterrizaje con seguridad". Las maniobras realizadas por la tripulación fueron gravemente incorrectas, "excediendo de la mera conceptuación de culpa", lo cual lleva a presumir "la existencia de culpa grave, una actuación temeraria de la tripulación".

Del informe de la Comisión Turca de investigación del accidente, recoge la sentencia que "se establece con claridad que las maniobras de aproximación al aeropuerto para aterrizar por parte de la tripulación fueron incorrectas y que la tripulación dirigió voluntariamente el avión hacia la zona sur del aeropuerto donde le estaba vedado ir, sin que conozcamos los motivos por los cuales se realizó está muy deficiente maniobra". Tanto la tripulación como todos los pasajeros murieron y no funcionaba el registrador de voz en cabina (CVR), por lo que no existen más datos.

La jueza concluye que en el estudio del accidente no se aprecian fallos técnicos en el aparato que lo motivaran y tampoco se advierte que las condiciones meteorólogicas o los dispositivos técnicos que disponía el aeropuerto de Trabzón para facilitar el aterrizaje fueran causa o contribuyeran al siniestro.

Vuelo no militar

El vuelo era de carácter civil, el aparato estaba comandado por tripulación civil, que en ningún momento estaba sometida a las órdenes de mando militar español alguno, dice también la sentencia, rebatiendo los argumentos que utilizó Chapman Freeborn en el juicio.

Para la juez, el hecho de que el Ministerio de Defensa, a través de un convenio con NAMSA, utilizara medios de transporte civil, con la finalidad del traslado de tropas "no desnaturaliza para nada el carácter civil y no militar ni de la aeronave ni del transporte" y tampoco justifica la exclusión de la aplicación del Convenio de Varsovia. Asimismo era un vuelo pagado, aunque UM Air no distribuyó los billetes a los pasajeros.

Chapman Freeborn AirMarketing asumía frente a los pasajeros la poición de transportista estableciendo una relación contractual directa con los pasajeros de la citada aeronave.

Posible recurso

Contra la sentencia, hecha pública hoy, se puede interponer recurso en el plazo de cinco días. El juicio civil se celebró desde el 1 al 4 de febrero de 2010, el segundo por esta vía, ya que la Audiencia de Zaragoza estimó un recurso de la contratista Chapman Freebom y declaró en octubre de 2007, la nulidad de las actuaciones, al considerar que esta empresa no había sido debidamente emplazada.

En esa primera vista civil, que se desarrolló los días 24 y 25 de febrero de 2006, fueron condenadas las compañías responsables del vuelo al pago de unos 10 millones de euros a las familias de los fallecidos.

Uno de los abogados de los afectados, Javier Hernández, manifestó hoy, en declaraciones a Europa Press, que las indemnizaciones que establece la sentencia son similares a las del primer juicio civil, por lo que mostró su desacuerdo. "Puede parecer que incluso son menores, pero a los cerca de 10 millones de euros que fijaba la anterior sentencia, había que descontar cantidades ya percibidas por los afectados".

El letrado expresó que "la sentencia estima en parte nuestra demanda, la juez considera que el vuelo era de carácter civil y que el accidente se debió a un fallo humano", aunque agregó que "nosotros solicitamos 62 millones de euros en concepto de indemnización, lo cual está muy lejos de lo que establece la sentencia". Hernández comentó que "habrá que estudiar si presentamos recurso".

Uno de los afectados, Juan Antonio Gracia, afirmó a Europa Press que "mi valoración es positiva porque por segunda vez nos vuelven a dar la razón, dos jueces distintos nos dan la razón en cuanto a que hubo negligencias en el vuelo". Asimismo, apuntó que las indemnizaciones "distan mucho de las solicitadas", "supongo que nos reuniremos con los letrados para estudiar si recurrimos o no la sentencia".