Tal y como destacó la consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández, en el pleno, esta tasa —que el Gobierno ha decidido poner en el margen mínimo establecido— facilitará a los empresarios "que salgan al comercio exterior" y tengan una etiqueta ecológica para vender sus productos "con calidad".

Según Fernández, la tramitación de esta ley, de tan solo seis artículos, ha sido "obligatoria por imposición del Reglamento europeo", y, aunque reconoció que su tramitación ha sido "azarosa", agradeció el esfuerzo realizado por ambos grupos para que salga adelante.

Previamente, el defensor del dictamen de la ley por el Partido Popular, José Luis Teruel, confió en que la tramitación del texto "sea lo más rápida y ágil atendiendo a las necesidades de las empresas de Castilla-La Mancha.

Desde el PSOE, la defensora del dictamen por el PSOE, Ana María Garrido, valoró que con esta etiqueta se proporcione a los consumidores una "información exacta, no engañosa".

Precisamente, el objetivo de esta etiqueta, según reza en la exposición de motivos, es el de promover productos y servicios que puedan reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de la misma categoría. Se contribuye así a un "uso eficaz de los recursos", además de a incentivar su uso y a "un elevado nivel de protección del medio ambiente, todo ello a través de una rigurosa orientación e información a los consumidores".