El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Juan Carlos López-Hermoso, abogó hoy por "generar las condiciones necesarias para que las empresas sean competitivas" y "eliminar trabas burocráticas", como las derivadas del régimen español de operaciones vinculadas, a fin de "facilitar" que el tejido empresarial español pueda "liderar la salida de la crisis".

López-Hermoso se refirió en rueda de prensa al documento en el que Aedaf reclama una "reforma urgente y a fondo" de esa normativa para evitar la pérdida de competitividad de las pymes y facilitar el establecimiento de grupos internacionales. Las operaciones vinculadas son aquellas que se realizan entre sociedades mercantiles y sus socios, administradores o consejeros, así como entre la entidad y personas unidas por relaciones de parentesco, y entre sociedades de un mismo grupo.

El presidente de Aedaf recalcó que "hay que tomar medidas urgentemente porque la economía española depende de las empresas españolas" y alertó de que "si se obliga a esas empresas a hacer cosas que no aportan ningún tipo de valor, vamos a estar instalados en la crisis de cinco a siete años".

Sostuvo que los poderes públicos "tienen que hacer sus deberes y gobernar de verdad, con hechos, y no con palabras y grandes declaraciones". "Hay que facilitar que el tejido empresarial español pueda salir de la crisis, pero ocupándose de lo que se tienen que ocupar, de ser eficientes y competitivas, no de perder el tiempo rellenando papeles con un coste importante para la empresa", dijo.

Al respecto, el presidente de Aedaf precisó que las obligaciones de documentación de esas operaciones vinculadas suponen un coste de entre 20.000 y 100.000 euros, y que en caso de ser insuficiente o defectuosa se impone una sanción de hasta 60.000 euros.

El vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev), Salvador Navarro, coincidió en que "esta normativa va en contra totalmente de la supervivencia de la pequeña y mediana empresa", dado que, a su juicio, "se entiende desde el punto de vista de los grandes grupos nacionales y trasnacionales, pero todo lo demás, son operaciones que van a tener un gran incremento de costes y carga burocrática para las pymes".

El secretario general del Instituto Valenciano Para El Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa) y socio de Aedaf, Ignacio Tormo, ratificó que "afecta fundamentalmente y de una manera muy extensiva a las empresas familiares", ya que poseen una cantidad "enorme" de operaciones vinculadas, al tiempo que denunció que "es prácticamente imposible dar cumplimiento no solamente a las obligaciones formales que llevan aparejado, sino a que después, el criterio que se establezca pueda ser estimado por la administración como correcto".

En este sentido, sostuvo que es necesario "eliminar trabas burocráticas" y "garantizar la seguridad jurídica". "No tiene ningún sentido que se esté planteando una carga burocrática y además, se esté generando una inseguridad jurídica en el empresario en relación con una cuestión que dentro del ámbito de las operaciones internas no tiene demasiado sentido".

Tormo alertó de que esa normativa incluso "tiene un efecto claramente desmotivador de algunas de las cuestiones que se están planteando como esenciales para ganar competitividad y productividad, como la cooperación empresarial", puesto que esa figura está "plagada de operaciones vinculadas".

Propuesta de aedaf

En concreto, la modificación que plantea Aedaf engloba tres ámbitos de actuación: las obligaciones de documentación, el régimen sancionador y el ajuste secundario. En primer lugar, incide en la necesidad de recortar los requisitos, que implican un enorme coste de oportunidad y de tiempo a las pequeñas y medianas empresas.

Así, propone asumir el concepto europeo de pyme (compañía con un volumen de negocio anual inferior a 50 millones de euros y una plantilla que no supera los 250 trabajadores), limitar el perímetro de vinculación y acotar las obligaciones a las transacciones internacionales.

En cuanto al régimen sancionador, subraya que la preparación de los papeles no supone un fin en sí mismo, sino únicamente un instrumento para evaluar la política de precios de transferencia, por lo que planteó "eximir de sanción a las irregularidades formales que finalmente no den lugar a ajustes de valoración".

Respecto al ajuste secundario, apunta que ningún país de la UE impone un ajuste automático y que se suele permitir al contribuyente que lo evite mediante la entrega de la cantidad correspondiente.

Atajar el fraude "de verdad"

En otro orden de cosas, en cuanto a las acciones de inspección de la Agencia Tributaria, López-Hermoso sostuvo que "si se quiere realmente atajar el fraude, que se ataje de verdad", con medidas como la supresión de los módulos, que consideró un "elemento fundamental de generación de fraude y que incentiva la economía sumergida", pero que "no se tocan porque garantizan una recaudación".