Hacienda de Gipuzkoa recibe 210 denuncias ciudadanas de presuntos fraudes fiscales y suma 294 millones de deuda en 2009

El programa informático Ikus de lucha contra el fraude estará plenamente operativo en junio

La Hacienda foral de Gipuzkoa ha recibido desde octubre hasta el pasado mes de febrero 210 denuncias ciudadanas de presuntos fraudes fiscales, de las que se han considerado válidas 52. Además, en 2009 afloró una deuda de casi 295 millones, de los que el 47 por ciento corresponden al IVA, incluyendo 24 actuaciones por delito fiscal por 38,2 millones, según informó hoy el diputado foral de Hacienda, Peio González.

González compareció hoy, a petición propia, en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Gipuzkoa para informar sobre el desarrollo del Plan Foral Antifraude y hacer balance de su funcionamiento en 2009, cuando permitió aflorar una deuda de 294,3 millones de euros, una cantidad "absolutamente respetable" y cuyo descubrimiento supone una "satisfacción" para la institución foral.

De estos 294,3 millones, 96,3 corresponden al IRPF, 39,6 al Impuesto de sociedades, 137,5 al IVA y 20,9 a otros gravámenes, además, se han tramitado 24 actuaciones por delito fiscal por importe de 38, 2 millones.

El diputado foral destacó que, en lo que respecta al nuevo servicio de participación ciudadana, a través del cual los ciudadanos pueden advertir al 'fisco' sobre la presunta comisión de fraudes fiscales, se registraron 419 gestiones por los distintos medios de participación desde su puesta en marcha en octubre hasta el pasado mes de febrero, de las que 210 corresponden a denuncias, 130 consideradas válidas.

Además, veinte de ellas se refirieron a arrendamientos, cinco incluían alguna prueba y 85 se enviaron al programa informático de lucha contra el fraude Ikus, implantado ya en la Diputación y que estará plenamente operativo en junio.

De éstas 26 se archivaron por estar prescritas, no tener trascendencia tributaria o no contener información, y seis se enviaron a otras administraciones. Del total de denuncias recibidas, 72 se tramitaron vía telefónica, cien por Internet, 23 en papel, siete de forma presencial, dos por e-mail y seis por pruebas."NOTARIOS"

Por otro lado, González indicó que gracias al convenio suscrito entre la Hacienda y el Colegio de Notarios, actualmente el departamento recibe información de unas 11.000 operaciones notariales al trimestre, realizadas ante notarios guipuzcoanos y por contribuyentes guipuzcoanos fuera del territorio. Además, en virtud de este acuerdo, se ha podido establecer un servicio de solicitud telemática de CIF provisional.

El diputado foral subrayó que la aplicación de estos nuevos instrumentos contra el fraude, junto con las campañas de sensibilización en la materia puestas en marcha, permitió incrementar un 19,3 por ciento el número de actas de disconformidad en 2009, emitir 38.273 diligencias de embargo por importe de 485 millones, efectuar 205 declaraciones de responsabilidad de la deuda por importe de 4,5 millones e intervenir en 176 nuevos procedimientos concursales por valor de 16,8 millones.

"nuevas iniciativas"

En lo que respecta a 2010, González apuntó que la Hacienda actuará contra los hospedajes ilegales, de los que ha detectado ocho en Gipuzkoa, y va a realizar, a petición de las Juntas, un estudio sobre el régimen de módulos desde la intención del departamento de suprimir el mismo.

Asimismo, apuntó que se está trabajando en un Manual de Buenas Prácticas, una "especie de declaración pública de compromiso a tributar lo que se debe" para su suscripción por parte de asociaciones y colegios de especial influencia fiscal, que según indicó, se han mostrado receptivos a esta medida.

Por otro lado, señaló que la Hacienda obtendrá información de entidades que presten servicio de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito y débito, así como de operaciones en entidades bancarias o crediticias en metálico que superen el importe de 3.000 euros.

También se obtendrá información de las compañías prestadoras de suministros de energía eléctrica respecto a sus contratos de suministro, y se requerirá información a la Comisión Nacional de Energía sobre operaciones realizadas por los distribuidores o productores de energía eléctrica en régimen especial o sus representantes. También recabará datos de entidades que se constituyen con el fin de trasmitir a terceros sus participaciones y acciones.

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