La oposición critica las ayudas a Caramelo para "deslocalizar" su producción, que el PP ve "internacionalizar"

PSOE y BNG piden ayudas a firmas que creen empleo y el PP dice que el bipartito concedió a Caramelo "más de 30 millones a fondo perdido"

Los grupos que sustentan la oposición en Galicia —PSdeG y BNG— coincidieron hoy al criticar la concesión de ayudas a la empresa textil Caramelo por parte de la Xunta cuando está tratando de "deslocalizar" su producción de A Coruña a Marruecos y China. El PP, en cambio, rechaza este extremo y asegura que la compañía de Manuel Jove está "internacionalizando" su producto.

En el debate de una proposición no de ley impulsada por el Grupo Parlamentario del BNG, su portavoz, Carlos Aymerich, recordó el expediente de regulación de empleo de extinción de 237 empleos aprobado por la Xunta el pasado año "en contra" del criterio de la Inspección de Traballo y, tras esto, denunció que el Ejecutivo trató de "esconder" una subvención a Caramelo de cinco millones de euros.

"No es nuestro modelo", sentenció el nacionalista, quien exigió vincular las ayudas a que las empresas ubiquen sus centros de producción en Galicia y, bajo este criterio, revisar la cuantía que concedió a Caramelo "el conselleiro deslocalizador", en alusión al titular de Economía, Javier Guerra.

También el diputado socialista Abel Losada utilizó el caso de la compañía textil para censurar "la nefasta gestión" de los titulares de Traballo y Economía. "Parecen tener cierto éxito en los espectáculos callejeros, pero no en la gestión económica", reprobó, en alusión a su participación en los actos del Día Internacional de la Mujer.

A la vista de las ayudas concedidas a una empresa que despidió a 237 personas, en su mayoría "mujeres con un bajo grado de cualificación y con grandes dificultades para integrarse en otro sector", concluyó que está "clara" la "opción" de la Xunta en materia económica: "facilitar los intereses de los grupos empresariales".

Ante esta situación, el parlamentario del PSdeG presentó una enmienda para vincular la concesión de ayudas públicas a la creación de puestos de trabajo. "No puede ser que los beneficios sólo sean para los empresarios y que haya que socializar las pérdidas entre el conjunto de la sociedad", rechazó. INTERNACIONALIZACIÓN

En el lado opuesto, el diputado popular José López Campos contrapuso los cinco millones de euros que la Xunta concedió a Caramelo a fin de que pudiera "internacionalizar" su producción con los "más de 30 millones de euros" otorgados por el bipartito a la misma compañía "a fondo perdido".

Así, justificó la subvención en la necesidad de paliar "las graves tensiones de tesorería" que registraba la empresa y sus dificultades para afrontar la "grave crisis de demanda" actual, por lo que se llevará a cabo un plan de internacionalización" que derive en "estabilidad financiera".

"Internacionalización no es deslocalización", incidió el parlamentario del PPdeG, quien rechazó la proposición no de ley al entender que no es necesario dirigir las ayudas públicas, porque el Gobierno autonómico "apuesta por las empresas gallegas y su futuro".

Tras conocer la negativa del PPdeG a apoyar su iniciativa, Aymerich utilizó su último turno de intervención para concluir que "internacionalización" es "un eufemismo de deslocalización". "Si un pobre roba, es un ladrón, y si lo hace un rico, es cleptómano", lamentó.

Diálogo social

Por otra parte, los votos del PPdeG también sirvieron para tumbar otra proposición no de ley encaminada a instar a la Xunta a poner el marcha el diálogo social como "herramienta para salir de la crisis". El defensor de esta iniciativa, el portavoz de Traballo del Grupo Parlamentario Socialista, José Tomé, contó con el respaldo de su homólogo en la formación frentista, Henrique Viéitez, quien exigió a la Xunta "medidas concretas" para poner freno a la "dramática situación" derivada del desempleo.

Enfrente, el diputado del PP Alberto Sueiro sostuvo que el diálogo social "está activo" desde el pasado mes de octubre y que las aportaciones de sindicatos y patronal ya se habían utilizado para elaborar el plan de choque frente a la crisis en verano de 2009. "Fue desde el principio una prioridad del gobierno", esgrimió, para justificar que esta propuesta es innecesaria.

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