Zarrías, junto al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se reunió hoy en el Consulado Británico de Málaga con el ministro británico para Europa, Chris Bryant, y el embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman.

El secretario de Estado informó de que hace unos meses mantuvo varias reuniones con representantes británicos con el objetivo de poner en marcha procedimientos de colaboración y cooperación entre ambos países ya que un millón de ciudadanos del Reino Unido viven en España.

El acuerdo será efectivo, según dijo, en el plazo de un mes, y permitirá que un funcionario esté presente en el Consulado de Málaga y otro en el de Alicante para que los ciudadanos británicos puedan conocer y tener información acerca de cuestiones urbanísticas, sanitarias o de bienestar social, entre otras.

"Pretendemos hacer una labor informativa con carácter preventivo para que no se produzcan problemas puesto que una vez esté la maquinaria judicial es más complicado buscar soluciones", manifestó, refiriéndose a la situación de ocho familias británicas que viven en el municipio almeriense de Albox y que están afectadas por órdenes judiciales de derribo de sus viviendas.

Seguridad jurídica

En este punto, el ministro británico para Europa, cuestionado por la seguridad jurídica de España, apuntó que si las viviendas "caen por cuestiones legales eso no ayuda", de ahí, continuó, la importancia de esta medida.

"Es mejor buscar una solución antes de que llegue al juez y a pesar de que, en el caso de Albox, utilizaron abogados todavía están amenazados —por las sentencias de demolición— y eso a muchos ingleses les parece injusto", declaró.

Tanto Zarrías como Espadas subrayaron que la seguridad jurídica en España es "total y absoluta". "Los británicos saben que aquí funciona el Estado de Derecho y que hay leyes, todo se hace conforme a derecho", sentenció el secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien reiteró que la puesta en marcha de este servicio es, precisamente, para dar información "antes de que se lleven a cabo actuaciones que conlleven problemas".

Además, según Espadas, el contar con estos funcionarios permitirá que aquellos que quieran invertir en el territorio tengan más información "porque es un hecho que hay personas que han sido defraudadas".

Albox y cártama

En el caso concreto de Albox el consejero andaluz aseguró que ya se ha contactado con las familias afectadas y en los próximos días se mantendrán reuniones individualizadas para intentar buscar "una solución legal para que el juez le pueda dar el visto bueno si estuviera de acuerdo".

Respecto a Cártama (Málaga), Espadas informó de que se está trabajando con el Ayuntamiento para "identificar las situaciones donde haya sentencias" y, en las que no las hay serán el Consistorio y el Gobierno andaluz los que trabajen para ver cómo regularlas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), precisó.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial confió, por último, en que sea posible que los problemas "no existan o sean mínimos", al tiempo que reiteró que esta decisión de colaboración con la Embajada permitirá responder a las demandas de los ciudadanos de Reino Unido.