En un comunicado, los populares informaron de que la parlamentaria del PP por Sevilla Alicia Martínez ha mantenido un encuentro en el Parlamento con el portavoz del Partido Popular en Carmona, Juan Avila, y representantes de la Asociación de Urbanizaciones de Carmona (Asocurca), que le han trasladado la situación de "desamparo" y "abandono" en la que se encuentran 52 urbanizaciones irregulares del municipio.

Según Martínez, "en estos momentos el municipio de Carmona tiene una población censada de 28.000 habitantes, pero sin embargo se habla de una población entre 20.000 y 30.000, casi el doble que la censada, que viven en 52 urbanizaciones ilegales pero que no están censados porque, entre otras muchas causas, no existen servicios públicos para cubrir sus demandas".

"Se trata de miles de sevillanos que no tienen ambulatorio ni transporte y ni siquiera infraestructuras básicas como agua, telefonía o saneamiento, pero que sin embargo si han recibido del Ayuntamiento licencias municipales y pagan los mismos impuestos que el resto de los carmonenses", criticó.

Expuso que la urbanización de Las Monjas, con 187 viviendas, es "la punta de lanza del municipio, que lleva mucho tiempo luchando por un derecho básico como es el abastecimiento de agua que está generando problemas incluso de salubridad pública al tener que abastecerse de pozos afectados de barro de las inundaciones". "Sin embargo, el Ayuntamiento y la Junta les niegan este derecho, aunque les cobran la contribución urbana", agregó.

Martinez aseguró las inundaciones producidas en los últimos días en varias urbanizaciones del municipio como consecuencia del desbordamiento de los arroyos Santiche y Buena Esperanza, además de las producidas en el resto de la provincia, han puesto en evidencia la gestión de la Junta durante años al "permitir de manera irresponsable que se construyan viviendas en zonas inundables".

"Lamentablemente, Sevilla es la provincia con un mayor índice de urbanizaciones ilegales tiene de Andalucía y cuya regularización debe ser una prioridad para el ejecutivo andaluz, y desde el PP apostamos por que se utilice el sentido común y se legalice el máximo número de viviendas posibles, excluyendo aquellas que por cuya situación sea imposible regularizar", recalcó.

La parlamentaria popular aseveró que ante esta situación, el Grupo Popular presentará una pregunta oral al consejero en la Comisión de Vivienda y Ordenación del Territorio para que informe sobre la situación en la que se encuentra el estudio de diagnóstico, "que supuestamente está llevando a cabo la Junta de Andalucía pero del que hasta el momento no tenemos ninguna información, así como que nos informe de cómo está funcionando el plan de inspección vigente".

"En la mayor parte de los casos son urbanizaciones de hace 30 años que se hicieron con la aprobación de la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla, como parcelas de recreo, pero el paso del tiempo ha conformado necesidades nuevas", dijo la parlamentaria popular, que añadió que "desde hace diez años los vecinos han invertido mucho dinero para ajustarse a las nuevas leyes, pero siempre hay una nueva ley y nunca acaban".