De esta forma, el partido, personado como acusación popular en éste y otros de los procesos que se siguen en dicho juzgado, se felicitó de la decisión del juez instructor de imponer fianzas cautelares a políticos, promotores y funcionarios imputados.

En un comunicado, el presidente de la formación política, Rafael Sebrango, destacó que esas fianzas permiten que los propietarios y compradores de viviendas afectados por las presuntas ilegalidades cometidas en Castro Urdiales "puedan estar un poco más tranquilos", ya que "las fianzas hacen que las posibles y probables indemnizaciones queden garantizadas".

Sebrango consideró que la medida adoptada por el magistrado Luis Acayro Sánchez "es impecable" y garantiza que los ciudadanos afectados no acaben corriendo "la misma suerte que los afectados por los casos de derribo tristemente famosos" en Cantabria.

Según dijo, "es ahora, en este momento, como se hace siempre en la instrucción de cualquier delito, cuando hay que garantizar las eventuales responsabilidades civiles", ya que algunos de los compradores de viviendas en el área de Santa Catalina, en el SUP 4, "se pueden encontrar con que sus viviendas son ilegales, por lo que es preciso, que alguien tome una medida sensata y garante de la legalidad y de los intereses en juego".

En este sentido, incidió en que eso "es lo que se hace en todas las causas por delito, es lo que se hace en todos los procesos por simples robos", por ello "no era ni es ninguna sorpresa la exigencia de fianzas". "¿Qué quieren, una ley distinta para los políticos corruptos?", cuestionó.

La formación política cree que la actual situación de los derribos de viviendas en Cantabria, como las últimas conocidas en Cerrias, "son consecuencia precisamente de que ninguna instancia ni judicial, ni administrativa, adoptó medida alguna de aseguramiento". En esos casos, serán todos los cántabros con sus impuestos los que pagarán las indemnizaciones, "y no los verdaderos responsables", lamentó.

Para Sebrango, es esencial que paguen los responsables porque, de lo contrario, "los ciudadanos tienen la sensación de que nadie paga por vulnerar la ley, y en los casos de las sentencias de derribo es claro".

Por ultimo, criticó la "estrategia de defensa" que, a su juicio, se está desarrollando por los imputados, y principalmente por el alcalde castreño, Fernando Muguruza, caracterizada por "la obsesión de apartar del proceso al magistrado Acayro".

"Es como lo de matar al mensajero, pero en este caso lo que nadie debe olvidar, es que el magistrado actúa porque es patente y notorio que se han cometido delitos. Sólo los que se saben culpables se preocupan por el juez que interviene, para los inocentes no es motivo de inquietud, y aquí, por sus actos, los políticos imputados demuestran que saben que no son inocentes", concluyó.