En este sentido, Fernández subrayó que los 84 ayuntamientos afectados consideran que los plazos son "demasiado ajustados" y resultan "imposibles" de asumir para los técnicos municipales con garantías. El plazo límite marcado por la Consellería de Medio Ambiente es el 10 de abril, por lo que la Fegamp realiza esta petición dentro del "clima de consenso que se está a generar en materia de ordenación del territorio".

Asimismo, remarcó que la Xunta presentó un volumen de documentación que "no esperaban" los municipios, a lo que añadió que su análisis está resultando "farragoso y de difícil compresión para los técnicos".

En detalle, el presidente de la Fegamp se refirió a la falta de concreción en la definición de usos, así como a las dificultades para saber si afectará a zonas urbanas consolidadas y llamó la atención sobre los confusos trazos de los mapas aportados por la Xunta.

Junto a esto, se unen "las inquietudes" de los empresarios de las comarcas costeras, que manifestaron su preocupación por cómo afectará la normativa al status jurídico de sus naves. "Todo esto parece no estar muy en concordancia con el espíritu de acuerdo que la Fegamp y las fuerzas parlamentarias pretende impulsar", sentenció Fernández.