En declaraciones a Europa Press, hoy, antes de pronunciar en Oviedo una conferencia titulada '¿Qué hacer con los delincuentes más peligrosos?', indicó que el sistema penal nacional es "muy severo", pese a que la jurisprudencia trata de paliarlo por la vía de la interpretación.

Así, en consonancia con el tema de su ponencia, explicó que España no cuenta, al contrario que los vecinos Francia, Italia y Alemania con el régimen de prisión perpetua. Sin embargo, frente a estos sistemas de prisión "revisable a los quince años", en nuestro país la privación de libertad de manera continuada puede prolongarse "hasta los cuarenta años". "No defiendo la prisión perpetua pero muchos de estos condenados salen de la cárcel en un plazo más breve", subraya.

Por otra parte, se refirió al debate internacional sobre qué hacer con el delincuente habitual de criminalidad grave o moderada, entre los que citó a los psicópatas sexuales, los terroristas y los integrantes de bandas organizadas. Al respecto, apuntó que se trata de una cuestión de equilibrio entre la eficiencia y la legitimidad. "La castración de un delincuente sexual es eficiente, pero no legítima", ejemplificó.

Presunción de peligrosidad

En este sentido, consideró que tradicionalmente el concepto de peligrosidad ha estado asociado al pronóstico de comisión de delito, mientras que hoy se opera con la presunción de peligrosidad. Así, apostó por pensar si es previsible que un sujeto concreto vuelva a delinquir y no valorar la situación por su pertenencia a un grupo de riesgo. "Es peligroso adoptar medidas específicas en base a un pronóstico genérico".

Preguntado por la situación de las cárceles españolas, asegura que están saturadas por la falta de centros y por un incremento muy concentrado de la población carcelaria en los últimos años. Aclara, no obstante, que la ratio de reclusos es "similar al de otros países".

Presos extranjeros

Además, y respecto a la supuesta presión que ejercen los reclusos extranjeros, asegura que el Código Penal actual contempla la posibilidad de que penas de cárcel de hasta seis años puedan ser sustituidas por la expulsión del país. Una alternativa que convierte en "ilusorio y poco razonable" pensar que cumplirán las penas en su país. "La situación del penado extranjero se hace depender de políticas de inmigración; en ocasiones sale perjudicado y en otras beneficiado", destaca.

Ante el proyecto de reforma del Código Penal, que congregará en Madrid la próxima semana a varios profesores de Derecho Penal, indica que se trata principalmente de reformas técnicas. En la práctica, las principales novedades son, a su juicio, la articulación de un modelo por el que la responsabilidad penal será atribuible también a las personas jurídicas y la inclusión de una libertad vigilada mediante dispositivos, posterior al cumplimiento de la condena.