La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla acordó en su última sesión aprobar, de forma provisional, los planes especiales de protección de los sectores Santa Catalina-Santiago y La Calzada-Fábrica de Artillería del Conjunto Histórico, además de aprobar, aunque inicialmente, el plan especial del sector Encarnación-Magdalena. Así, 26 de los 27 sectores del casco histórico gozarían ya de este instrumento de protección en alguna de sus fases después de que a finales de 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendiese el planeamiento urbano sobre cuatro de estos sectores por carecer precisamente de esta herramienta.

La aprobación acordada, implicaba la desestimación de las alegaciones formuladas por la Asociación de la Defensa del Patrimonio de Andalucía y otras tres alegaciones a títuli particular contra este documento elaborado por la Gerencia de Urbanismo. En este sector, como se recordará, no regía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al reconocer el TSJA la no convalidación de su contenido con la protección ya establecida.

El Ayuntamiento, no obstante, sí ha estimaba las alegaciones formuladas por una hermandad y por las Consejerías de Vivienda y Ordenación del Territorio y Obras Públicas y Transportes. Las alegaciones de las consejerías, en concreto, solicitaban una modificación de los aspectos relativos al antiguo y desacralizado convento de Santa María de los Reyes, que data del siglo XVI, al objeto de adecuar las delimitaciones y concretar los grados de protección de cara a su transformación en el futuro Centro Andaluz de Documentación y Difusión de Arquitectura e Ingeniería Civil de Andalucía, según la documentación recogida por Europa Press.

En el caso de Adepa, la asociación que lidera Joaquín Egea alegaba que este plan especial de protección carecía de estudios de tráfico o demografía y advertía del mencionado litigio judicial, motivado por un recurso contencioso administrativo de la propia organización conservacionista contra el PGOU de 2006. No obstante, para la Junta de Gobierno ha prevalecido el informe emitido por el Servicio de Planeamiento en cuanto a la labor del equipo redactor del plan especial, entendiendo además que la aplicación de dicho instrumento de protección resolverá el mencionado litigio que reside en el TSJA.

Dado el caso, Egea explicó que está a la espera de que le sea "notificada" la desestimación de sus alegaciones, porque el "desprecio" del Ayuntamiento ha ocasionado que el resultado del procedimiento se difunda antes de que los aludidos conozcan oficialmente su resultado. No obstante, advirtió de que las alegaciones de Adepa partían de premisas "de obligado cumplimiento" al estar éstas basadas en sentencias judiciales, lo que le llevó a anunciar un recurso judicial contra esta decisión.