Facturas.- PP exige al PSOE "responsabilidades políticas" por "la primera condena firme por corrupción"

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla exigió hoy al PSOE "responsabilidades políticas" por "la primera condena firme por corrupción" en el Consistorio hispalense, después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificara hoy la condena al ex secretario del Distrito Macarena José Marín y al contratista José Pardo a cuatro años y tres meses de prisión y a tres años y nueve meses de cárcel, respectivamente, como responsables de sendos delitos de malversación y falsedad documental al beneficiarse del cobro de obras no ejecutadas en dicho distrito de Sevilla.

En declaraciones a Europa Press, el concejal popular Gregorio Serrano destacó que ""no hay más recursos ni apelaciones posibles" e insistió en que se trata de "la primera condena firme en que está inmersa un miembro del gobierno de Sevilla", además de recordar que Marín era un "estrecho colaborador" del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, "en el distrito más importante electoralmente de Sevilla para el PSOE, el alcalde sabía muy bien a quién ponía en el Distrito Macarena".

Por tanto, planteó si el PSOE "sigue considerando que es error administrativo, que la trama de corrupción en el Distrito Macarena era un error administrativo", y preguntó al PSOE, "una vez conocida la condena firme, quién va a asumir responsabilidades políticas".

"Ya sabemos quién va a asumir la responsabilidad penal, que el PSOE nos cuente ahora quién va a asumir la responsabilidad política por este asunto", sentenció Serrano, quien añadió "cuántas condenas más va a necesitar el PSOE para que obliguen a Monteseirín a dimitir y se vaya de una vez por todas".

En la sentencia del TS, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala Segunda de lo Penal rechaza el recurso de casación interpuesto por los letrados de ambos condenados, que argumentaban que se había producido infracción de Ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional, al tiempo que condena a ambos procesados al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.

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