En rueda de prensa, Martín detalló que antes de reclamar la comparecencia de Belloch consultará con el resto de los grupos de la oposición para acordar una iniciativa conjunta que podría suponer la convocatoria de un pleno extraordinario o la realización de una auditoría interna.

Otra de las opciones pasaría por una revisión del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Zaragoza porque "la ley exige un ajuste si no hay estabilidad" y calificó de "razonable" que el consejero municipal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Francisco Catalá, no crea necesaria realizar una auditoría porque "es el protagonista del desaguisado económico municipal".

Martín justificó esta petición al entender que "es absolutamente necesaria una fórmula para contratar los gastos" de la candidatura Zaragoza-Pirineos 2022 y de otros grandes eventos "que se le vayan ocurriendo a Belloch".

Además, apuntó que solicitarán una copia de los gastos de la candidatura Zaragoza-Pirineos 2022 a la Intervención municipal y también la de otras candidaturas olímpicas en las que ha participado el Ayuntamiento de Zaragoza para "saber en qué se gasta el dinero Belloch".

Todas estas peticiones de CHA surgen tras conocer en la Gerencia de Urbanismo de hoy que "el Ayuntamiento no tiene un borrador de documento que avale la presencia de la comitiva en Vancouver e incidió en que este viaje "es un ejercicio de imagen pagado por los zaragozanos".

"estatutos ilegales"

Además, Juan Martín presentó un documento de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), que pone de manifiesto que el borrador de los Estatutos del Consorcio Candidatura Juegos Olímpicos Zaragoza-Pirineos 200 "no se ajustan a la legalidad vigente".

Así, el informe de la DPH, emitido el pasado 23 de febrero, precisa que el borrador de los estatutos "debería contemplar de modo expreso el carácter de entidad local del Consorcio que se pretende constituir" puesto que el 65 por ciento lo integran los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Jaca y la propia DPH, mientras que el 35 por ciento restante de la participación es del Gobierno de Aragón.

Otro aspecto que no ajusta a la legalidad, según dicho informe, es que dada la naturaleza de entidad local "no se ajusta" al decreto de 1994 de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación y carácter estatal, que "obliga a que existan los puestos de Secretaría e Intervención reservados a dicha escala funcionarial".

Así mismo, el informe de la DPH detecta que "no se ajusta" a los principios rectores de acceso al empleo público y a la función directiva profesional que se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público sobre la figura del gerente.