La última ficha la movieron ayer los Constructores y Promotores de la Costa del Sol, que exigieron al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que la cambie porque, tal y como está redactada, puede suponer la paralización de muchos proyectos y la ruina a una gran cantidad de empresas del sector.
Dos son las enmiendas que más sarpullidos provocan: una obliga a reservar el 30% del suelo de uso residencial para construir viviendas de VPO y la otra, a que el 51% del suelo calificado como turístico se dedique a construir hoteles o apartoteles.
El presidente del colectivo malagueño, José Prado, expresó ayer que un promotor inmobiliario tiene que tener suelo «como mínimo para cinco años» y que acostumbra a comprar «materia prima por lo que se puede construir en ella».
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