El Ejecutivo regional destinó para el año 2009 un inversión inicial de 13 millones de euros a la Prestación Canaria de Inserción, lo que implicaba un 67 por ciento más respecto al año anterior, inversión que se ha ido incrementando por la situación de crisis económica, que ha hecho que una media de 160 familias se hayan dado de alta de forma mensual, según informa en un comunicado la Consejería de Bienestar Social, que detalla que con el fin de hacer frente a esta situación, se incrementó el presupuesto para este programa para este año en un 28 por ciento.

La Prestación Canaria de Inserción contempla la elaboración de un itinerario de inserción para el beneficiario de esta ayuda, como fórmula para encauzar un proyecto de futuro que le permita salir de la situación de exclusión social en la que se encuentra.

De esta forma, se confecciona un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, que son elaborados por los profesionales vinculados al área de trabajo social del centro municipal de servicios sociales, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda, para facilitar la integración de estas personas a través de proyectos de integración social o actividades de formación.

Entre estos programas también se incluyen programas de empleo o de vivienda porque se trata de "un trabajo trasversal", añade la administración. En este sentido el Gobierno está trabajando mediante la estrategia de empleo y también en el marco del Plan de Vivienda, ya que Canarias es de las pocas comunidades que construye vivienda pública en alquiler, en este programa el inquilino nunca pagará más del 12 por ciento de sus ingresos.

Contra la desestructuración personal

En el ámbito de la normalización social y personal, los programas se encaminan a través de acciones contra la desestructuración personal, así como hacia la adquisición de hábitos saludables de vida, o bien hacia la información y organización para acceder a los recursos públicos o reclamar derechos económicos; acciones contra la desestructuración familiar, o incluso la atención a personas dependientes, a través de mecanismos como el respiro familiar en el propio domicilio o en centros ajenos a éste o el acogimiento familiar en otros núcleos familiares.

A ello se suman actividades sociales o comunitarias, o la adaptación de personas que provienen de sectores con problemáticas específicas, como exreclusos o inmigrantes con necesidades de adaptación sociocultural; y actuaciones vinculadas a la intervención social para dificultades relacionadas con la vivienda.

En el ámbito de la formación profesional ocupacional y la escolarización, a través de acciones dirigidas a la educación de personas adultas y escolarización en niveles educativos obligatorios; acciones dirigidas a la formación para el ocio y la cultura; y acciones de formación básica y ocupacional; formación e inserción a través de talleres de empleo, casas de oficio y escuelas taller.

Orientación profesional y de autoempleo

Por último, en el ámbito de la inserción laboral, a través de acciones dirigidas a la orientación profesional y de autoempleo, y actuaciones dirigidas a la consecución de empleo a través de acciones integrales y experimentales de empleo; realización de obras y servicios de interés general y social; inserción sociolaboral en empresas de inserción; o participación en programas de políticas activas de empleo.

En Canarias, las cuantías oscilan entre los 467,49 euros para un miembro y los 652,02 euros, dependiendo del número de miembros de los hogares.

Igualmente, esta normativa establece una serie de excepciones, dirigidas a hacer que aquellas personas que no pueden cobrar la ayuda al no cumplir la totalidad de los requisitos, como las personas sin techo, las mujeres víctimas de violencia de género o las personas mayores de 65 años que no cobran pensión contributiva, puedan hacerlo.

En este sentido, en la mayoría de las comunidades autónomas no se incluyen a las personas mayores de 65 años sin derecho a pensión, aspecto que sí se recoge en la normativa canaria, concluye la Consejería de Bienestar Social.