De las solicitudes ya autorizadas, 480 son proyectos de inversión y 11 programas de gasto social, principalmente relacionados con la educación y atención a personas dependientes, según los datos facilitados a Europa Press por fuentes ministeriales.

Una vez aprobada la iniciativa, los ayuntamientos disponen de un mes para comenzar la licitación de las obras o programas financiados. En el momento en que se certifica la adjudicación, el Gobierno transfiere al ayuntamiento el 85 por ciento del importe total, quedando el 15 por ciento restante pendiente de abono, que se realiza una vez se justifica la finalización el proyecto.