Así lo expresó ayer el portavoz de los populares en el Senado, Pío García Escudero, en la tercera y última jornada del Debate del Estado de las Autonomías: «El señor Zapatero no puede pedir nuestro respaldo para reformar cuatro asuntos, mientras auspicia que el resto de la Constitución pueda adulterarse por la puerta trasera». Poco después, cuando el presidente Zapatero aún intervenía en la sesión, el líder del PP, Mariano Rajoy, confirmó el anuncio.

Un mal momento

En los pasillos, mostró sus recelos con el momento en que se reformaría la sucesión al trono (para acabar con la discriminación de la mujer y permitir a la Infanta Leonor reinar aunque tuviera hermanos varones) y con el contenido de la reforma del Senado. Vio innecesario adaptar la Carta Magna a la Constitución de la UE e incluir los nombres de las regiones.

En su opinión, «las reformas de verdad» que se precisan son que los cambios de Estatutos requieran el voto de los dos partidos mayoritarios y que se fijen las competencias exclusivas del Estado.

Zapatero le respondió que sólo le falta anunciar «el fin del mundo», aunque le tendió la mano «sin condiciones». Antes, el presidente fue acusado por los presidentes autonómicos del PP de «romper el consenso constitucional» con el Estatuto de Cataluña.

Temas sobre la mesa

Más autogobierno: Rodríguez Zapatero ofreció a las autonomías más competencias en inmigración, nuevas tecnologías, descentralización de la Justicia y participación en la gestión de los aeropuertos. Fijó competencias exclusivas del Estado en siete materias, a las que se dedicará un 20% del gasto público (el 52% con la Seguridad Social).

Financiación autonómica: La configuración del sistema,  a partir de enero, se realizará en una ley estatal, aunque los Estatutos «puedan intervenir», dijo Zapatero.

Reforma del Senado: El presidente abogó por que el Senado pueda tener un papel en la primera lectura de leyes que afectan a las CC AA o para grandes planes territoriales.

Conferencia de Presidentes: El PP anunció una moción para hacerla «operativa y estable». La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, la más crítica con Zapatero, amenazó con no acudir si no se regula su funcionamiento.