Las familias están obteniendo la titularidad oficial de su inmueble a través de los distintos decretos de acceso a la propiedad publicados por el Gobierno en los últimos años y la oferta que les hace el Gobierno a través del sistema de amortización anticipada, informó la Consejería de Vivienda en un comunicado de prensa.

En la actualidad, el parque público de viviendas de La Palma se compone de 2.463 viviendas de las que más del 70 por ciento ya han pasado a ser propiedad de las familias adjudicatarias

Un total de 1.063 familias firmaron el pasado año las escrituras de su vivienda, adjudicada por el Gobierno canario en régimen de alquiler, acogiéndose a las ofertas que hace el Gobierno para facilitar el acceso a la propiedad. En concreto, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda que dirige Inés Rojas, entregó en 2009 el título de propiedad a un total de 613 familias que habitaban en distintas promociones de la provincia de Las Palmas y 450 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El decreto que regula el nuevo Plan de Vivienda de Canarias plantea una ampliación de plazos, hasta el 4 de mayo de 2010, por lo que más de 2.000 nuevas familias, inquilinas de determinados grupos de viviendas sociales del Gobierno en régimen de alquiler, podrán solicitar entrar en este proceso de formalización de la propiedad.

Estas familias recibirían del Gobierno una subvención del 50 por ciento del precio lo que supone que podrán optar a la compra por un precio medio que ronda los 7.000 y 9.000 euros por una vivienda de tres dormitorios.

De este precio se les descuentan las mensualidades que han abonado durante el tiempo que han sido adjudicatarios de la vivienda en alquiler y además, se les dan facilidades de pago aplazadas que van de los cinco hasta los 25 años.

La responsable canaria de Vivienda, Inés Rojas, destaca que "este proceso de formalización de la propiedad a los inquilinos de viviendas sociales constituye un paso más en la política emprendida por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda para impulsar el acceso a una vivienda digna en propiedad a las familias económicamente más desfavorecidas".

"Gracias a la normativa —explica Rojas— impulsada por el Gobierno canario, las familias adjudicatarias pueden acceder a la propiedad por un precio medio de venta de 7.000 euros por una vivienda de tres dormitorios y con fórmulas de pago aplazadas que van desde los cinco hasta los veinticinco años, en algunos casos".

"Canarias —asegura Rojas— es de las pocas comunidades que construye directamente viviendas destinadas a las personas con menos recursos económicos y mayor dificultad social".

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, a través del Instituto Canario de la Vivienda, mantiene en las diferentes fases constructivas alrededor de 2.000 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler destinadas a las familias cuyos ingresos no superan los 10.000 euros.

La construcción de estas viviendas se enmarca dentro del programa de Promoción Publica en Alquiler del Plan Canario de Vivienda dirigido a las familias más desfavorecidas del Archipiélago.

En este sentido, cabe señalar que Canarias cuenta con un parque público que supera las 45.000 viviendas de las que cerca del 70 por ciento ya han pasado a propiedad de sus adjudicatarios mediante el sistema de acceso diferido a la propiedad y la normativa impulsada por el Gobierno canario en los últimos años.