El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, afirmó hoy que "el papel del sector público es determinante para activar la economía" y advirtió de que los planes de ajuste de gasto anunciados en las Administraciones son "un llamamiento directo a generar más desempleo".

Muñoz presentó, en una rueda de prensa en Vitoria, las conclusiones del informe de coyuntura económica y laboral del último trimestre del 2009, elaborado por el gabinete de estudios de la central sindical, donde se recogen datos de evolución del empleo en el País Vasco y Navarra, que calificó como "muy duros".

El informe afirma que los datos sobre el crecimiento del PIB durante 2009 "evidencian la continuación de la recesión" tanto en el País Vasco y Navarra como en su entorno, y advierte que durante el pasado año se perdieron 58.700 puestos de trabajo, lo que supone el 4,7 por ciento del empleo.

Muñoz consideró que la causa de la crisis es "la acumulación de capital y las políticas que han hecho los Gobiernos para favorecer esta acumulación, así como el reparto injusto de la riqueza".

Por ello, opinó que la solución a esta coyuntura económica es "provocar que la riqueza se reparta de manera más justa" y denunció que el Gobierno central "ha decidido poner la economía y la política al servicio del poder financiero".

El secretario general de ELA afirmó que el panorama económico es "muy complicado" y apostó por que el sindicalismo identifique a quienes son los responsables de esta situación para concluir que "los ajustes no se pueden hacer en los derechos laborales y sociales de los trabajadores". "Se quiere hacer ver a la sociedad que privatizando y dándole al empresario un despido más barato, se consigue activar la economía", denunció.

En este sentido, defendió que la actividad económica "no se va a activar si no llega el crédito a los ciudadanos y a las empresas y se cambia de política fiscal", y rechazó los planes "tan bruscos" que plantea el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "con la reducción de miles de millones de euros", porque "la reducción en gasto público destruye empleo". "No se puede reducir al gasto el problema de las Administraciones", señaló.

Por ello, subrayó que "el papel del sector público es determinante para activar la economía" y que, si finalmente se van a llevar a cabo los planes de ajuste de gasto anunciados, "es un llamamiento directo a generar más desempleo". "El sector público tiene que jugar un papel activo y hay que discutir qué actividades hay que hacer", indicó.

Por otro lado, hizo referencia a las movilizaciones convocadas por ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru el próximo 2 de marzo en Vitoria y exigió una negociación colectiva "exigente" y unas políticas públicas presupuestarias "que no hablen del gasto sin discutir los ingresos".

"Todos los que tienen opción de gobierno están de acuerdo en que las consecuencias de una crisis, que nosotros no hemos provocado, se paguen en nuestros derechos laborales y sociales", criticó antes de insistir en que el sindicalismo "tiene la obligación de ser clave y organizar la movilización".

"uso ilegal" de la temporalidad

El responsable de Política Social de ELA, Mikel Noval, por su parte, denunció que la tasa de temporalidad laboral sigue siendo "muy superior" a la tasa europea, con un 22,1 por ciento frente 13,8 por ciento europeo y criticó que los empresarios "siguen haciendo un uso ilegal y abusivo de la contratación temporal, lo que ha llevado al incremento del desempleo".

En este sentido, afirmó que la destrucción de empleo durante el año pasado se hizo "basándose en gran medida en el colectivo de trabajadores temporales" y criticó la reforma laboral iniciada por el Gobierno central, ya que "no ataja la temporalidad, sino que se plantea medidas para seguir utilizándola de manera abusiva".

Por otro lado, denunció "el nivel de protección tan bajo que se da por parte del INEM a los desempleados", ya que el informe revela que, en el País Vasco y Navarra, el 45 por ciento de los desempleados tiene una prestación contributiva, un 24 por ciento percibe una prestación asistencial y el 31 por ciento de los parados no tiene ninguna cobertura.

Noval consideró que estos datos "dejan en evidencia la escasa cobertura del sistema de protección social para las personas desempleadas que, a falta de una cobertura del sistema público, se ven obligadas a resguardarse bajo el colchón familiar".