Acaip señaló en un comunicado que en los últimos años la falta de plazas en los centros de régimen ordinario ha motivado que se incremente el número de internos en tercer grado, en muchos casos "con criterios muy discutibles", y en otras formas de ejecución, cuyo seguimiento ha sido atribuido a esos CIS.

En el caso del CIS Torre Espioca de Picassent, indicó que este hecho es "problemático" porque, por un lado, la población interna que se encuentra cumpliendo físicamente en el centro alcanza "máximos históricos", con 580 reclusos, lo que, según el sindicato, "supone que, en ocasiones, no haya camas para todos los internos" y algunos tienen que utilizar la cama de otro que se encuentra de permiso. Por ello, indicó que el centro está en situación de "colapso" ya que "no hay espacio físico para albergarlos".

Asimismo, subrayó que este hecho supone un "riesgo importante para la seguridad" de los funcionarios de servicio, ya que la plantilla del centro se concibió para la mitad de internos de los que hay ahora, "y por no tener, hasta hace un mes, no tenían ni un walkie talkie para comunicar cualquier incidente".

Acaip añadió a este número los condenados a Trabajos en Beneficio de la Comunidad, —unos 140 en la actualidad—; los condenados a pena de Localización Permanente (unos 1.800) y los liberados condicionales, que han cumplido partes de su condena, y están a la espera de la libertad definitiva (alrededor de 280).

En relación a todas esas formas de ejecución penal, "por cada persona hay que abrir un expediente penitenciario, en el que se anotan todas y cada una de las incidencias tanto administrativas, como penales y penitenciarias que se producen respecto a cada uno de ellos, y se almacena toda la documentación al respecto, por lo que el Centro de Inserción Social es responsable de llevar los expedientes penitenciarios de más de 2.720 personas".

Para ello, según Acaip, "en estos momentos solamente hay tres funcionarios y una Jefa de Oficina, que es la que se encarga de supervisar el trabajo", lo que supone que cada funcionario "es el encargado de controlar más de 900 expedientes, cuando la propia Administración reconoce que en ningún caso dede ocuparse de más de 150".RESPONSABILIDADES

Según el sindicato, "el manejar un expediente penitenciario, en caso de error del funcionario encargado, puede acarrearle, incluso, responsabilidad de tipo penal, ya que de ello depende, entre otras cosas, la fecha de excarcelación, de ahí esa cifra de 150 expedientes máximo". Además del manejo de los expedientes, en esa Oficina "deben confeccionar la estadística penitenciaria semanal y mensual que hay que enviar a la Secretaría General de II.PP., atender telefónicamente a los distintos Juzgados, Policía y otros Centros Penitenciarios".

De acuerdo con Acaip, la situación en el resto de oficinas del centro es "igualmente caótica". Así, desde el Ministerio del Interior se decretó que el CIS Valencia "fuera un Centro independiente, pero no tenía en plantilla funcionarios suficientes para cubrir el funcionamiento más básico, es decir, se quería poner algo a funcionar sin que hubiera los medios para ello".

El sindicato aseveró que los trabajadores "echaban en falta más firmeza por parte de la Dirección del Centro a la hora de trasladar a Instituciones Penitenciarias la penuria en cuanto a medios humanos y económicos, ya que, por no tener, no tenían ni presupuesto propio" y agregó que los perjudicados por esta situación "no son sólo los trabajadores del Centro que se sienten desbordados e impotentes, sino también los internos que sufren las múltiples carencias".

Mientras tanto, ni desde Instituciones Penitenciarias, ni desde la Dirección del Centro se adoptan las medidas adecuadas para solucionarlo.